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Lázaro Cárdenas, Mich., a 01 de julio de 2014.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) remitió a la Procuraduría General de la República (PGR), a tres presuntos integrantes de la estructura financiera de un grupo criminal que obligaba a empresas del puerto a realizar aportaciones monetarias para permitir su operación.
Se trata de Adrián A., de 19 años de edad, César C., 30 años de edad, y Lucas Emmanuel R., 29 años de edad, quienes fueron detenidos por personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea.
De acuerdo a un comunicado de la PGJE, la detención se realizó cuando los elementos policiales atendían una denuncia anónima, que advertía que sobre la carretera que une la ciudad de Lázaro Cárdenas con la tenencia de La Mira, había personas armadas a bordo de un vehículo marca Honda, modelo Accord, con placas de circulación de esta entidad federativa.
Ante esta situación, los uniformados, decidieron llevar a cabo una inspección en la zona, logrando ubicar la unidad antes mencionada, por lo que decidieron darle alcance para marcarles el alto y poder realizar una revisión, ubicando una arma larga a cada uno de los tripulantes del auto, mientras que otras cuatro armas se localizaron en la cajuela, así 3 mil 520 cartuchos útiles y cuatro teléfonos celulares.
Los detenidos reconocieron formar parte de un grupo delincuencial y recibir instrucciones directas de su líder para el cobro de cuotas en dólares a los empresarios mineros, por el transporte, exportación, extracción, trituración y almacenamiento del mineral, así como hasta un 50 por ciento de la utilidad de algunas minas en los municipios de Arteaga y La Unión, en el vecino estado de Guerrero.
De igual forma, exigían pagos mensuales a concesionarios del transporte público federal y agencias aduanales que operan en el puerto.
Por lo anterior, en virtud de que existen conductas consideradas de competencia federal, se determinó remitir a los detenidos ante la PGR y una vez que la indagatoria fue atraída por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ésta resolvió el ejercicio de la acción penal y la consignación de los inculpados por su probable responsabilidad de los delitos de Delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
