Aquila, Michoacán, a 15 de octubre de 2013- Después de que familias afectadas por los autodenominados policías comunitarios hicieran una convocatoria para manifestarse, anunciando una serie de actividades entre las que mencionaron el cierre o bloqueo de algunas carreteras en la zona costera del estado de Michoacán,
campesinos y amas de casa desplazados de diversas comunidades del municipio de Aquila señalaron que arribó personal castrense perteneciente al 92 batallón de infantería, con sede en Jamay, Jalisco, al mando de un capitán de nombre Daniel Torres Hernández, quienes se creía llegarían a apoyar a los afectados, por quienes de manera ilegal e inconstitucional realizan cateos y desalojos los autollamados policías comunitarios, según testigos se ve convivir a estos con los militares.
En medio de una serie de delitos, como son la violación de los derechos humanos, que van desde privación ilegal de la libertad, despojo de sus viviendas y herramientas agrícolas indispensables para sus actividades laborales por el grupo armado que llegó al lugar autonombrándose Policía Comunitaria; las familias de esta cabecera municipal y sus comunidades, denunciaron que no solo son agredidos por ese grupo civil, sino que se ha visto al personal del Ejército al mando de Daniel Torres Hernández, catear propiedades junto con los comunitarios.
Expresaron que a pesar de que en repetidas ocasiones en diferentes manifestaciones han denunciado tales atropellos, solicitando la intervención de la federación para evitar un estallamiento social, ya que los campesinos advierten con tomar las armas para defender lo que les corresponde y que con esfuerzo y sacrificio en años han hecho para su familia.
Tras lo anterior, los afectados dieron a conocer a los medios de comunicación que en dicha zona costera michoacana existe zozobra y terror ante los acontecimientos que realizan las propias fuerzas federales con un grupo armado que ni siquiera es de la región.
De igual manera y en su desesperación, las personas indicaron que al no ser escuchadas por las autoridades, buscarán el apoyo de organizaciones políticas y sociales, expresando que seguirán realizando diferente tipos de actividades, pues el gobierno está permitiendo que se violen los derechos humanos y constitucionales que todo ciudadano debe de tener según la ley.









