México, DF 12 de Octubre 2013.-Ante las quejas presentadas por periodistas, las autoridades federales y del Distrito Federal no se deben escudar en los abusos cometidos por los manifestantes durante la marcha del 2 de octubre para no investigar los excesos perpetrados por policías federales y capitalinos, justificando así su actuación, advirtió el Subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes.
Cuestionado sobre las denuncias que se han presentado ante la PGR contra servidores públicos que hayan incurrido en abusos durante el desalojo de maestros del Zócalo capitalino o los enfrentamientos del pasado 2 de octubre, dijo desconocer cuántas y de qué tipo se han promovido ante esa dependencia, pero aclaró que en ningún caso se deben poner pretextos para aplicar la ley cuando una autoridad se excede en sus funciones.
“Lo digo con toda franqueza, a mí no me gustaría evadir la investigación de un ejercicio abusivo de la autoridad por el hecho de decir es que reaccionaron al ejercicio abusivo de los derechos de manifestación de los ciudadanos, es que cualquier ejercicio abusivo, lesiona y no puede haber permisividad para el abuso de unos o para el abuso de otros, este es el delicado rol de la autoridad”, sentenció.
En este sentido, dijo que para la PGR es preferible el abuso en un derecho que la privación de una libertad, así como la posibilidad de que un culpable esté en la calle a que un inocente sea encarcelado por un delito que no cometió, destacando que tanto en este tema como en el relativo a los derechos humanos se ha generado un falso debate con el que se pretende “disolver a la sociedad”.
“No debemos sobreponer un derecho a otro, ni podemos disolver a la sociedad porque tengamos que preferir los derechos de unos frente a los derechos de otros, estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de derechos humanos, entonces como podríamos preferir un derecho frente a otro, quien tiene esa autoridad, nadie”, insistió.
Añadió que los excesos en el ejercicio de un derecho obligan a la autoridad a intervenir de manera adecuada, pero sin abdicar ni abandonar la función que esta tiene de velar por el respeto a los derechos de todos.
Por último, dijo que la actuación de policías vestidos civiles para realizar detenciones se tiene que dar en el ejercicio legítimo de las facultades que tiene una autoridad, ya que la actuación discrecional de la misma no tiene el consenso de la ley, destacando que si una persona vestida de civil que jamás se identifica como tal y que carece de una autorización expresa para actuar “entonces hay una violación (de derechos humanos)”.
No obstante, aclaró que en el caso del 2 de octubre, donde se ha documentado y reconocido la participación de Policías de Investigación de la Procuraduría capitalina para detener a decenas de manifestantes, no cuenta con elementos para pronunciarse de manera específica. “No es mi función prejuzgar sin el detalle”, finalizó.









