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Redacción/ Noventa Grados
Xalapa, Ver.- 26 de agosto 2013.-.- Un juez federal con sede en Veracruz dictó auto de formal prisión a los 40 integrantes del grupo de autodefensa de Aquila detenidos el 14 de agosto pasado por el Ejército Mexicano y que se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5, en Villa Aldama.
El integrante del Poder Judicial de la Federación consideró que la Procuraduría General de la República no acreditó la responsabilidad de los comuneros por lo que hace al delito de delincuencia organizada.
El abogado de los detenidos, Leonel Rivero, informó que 21 de ellos no tendrán derecho a la libertad bajo fianza debido a que se les dictó auto de formal prisión por delitos considerados graves, como portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, en la modalidad de fusiles, y además violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego con armas reservadas a las fuerzas armadas.
En tanto, los 19 que están en posibilidad de obtener su libertad bajo caución deberán enfrentar procesos penales por delitos no graves, tales como portación de arma de fuego sin licencia de bajo calibre y acopio de cartuchos.
Las 19 personas solicitarán este lunes que el juez de la causa les fije el monto de la caución que deben pagar y una vez que ello se establezca podrán estar en condiciones de tener una garantía asequible, y una vez que la paguen podrían enfrentar su juicio en libertad.
Cabe recordar que el pasado jueves se les dictó auto de formal prisión a los cinco integrantes de la autodefensa recluidos en el penal de Mil Cumbres, a quienes se les acusa de secuestro y lesiones agravadas, delitos que por ser considerados graves cancelan la posibilidad de que salgan libres bajo fianza.
Sin embargo, aún está pendiente de resolverse la situación jurídica de Salvador Martínez Cárdenas, Guadalupe Magaña Orozco, Juan Manuel Ramírez Magallón y los hermanos Agustín y Vicente Villanueva Ramírez por el delito de lesiones calificadas. Además, también está por verse si el Ministerio Público federal decide ejercer acción penal en su contra por presuntos delitos de ese fuero.
