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Martha Villalón González /Noventa Grados
Morelia, Mich. 08 de marzo 2013.- En entrevista Exclusiva para Noventa Grados, el Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Emilio Carranza, hablo de las violaciones a los derechos humanos de los policías comunitarios detenidos el día de ayer por elementos del ejército mexicano en el Municipio de Buena Vista Tomatlan, Michoacán.
Para Emilio Carranza, la detención de estas personas sólo se trata de una justificación del Gobierno Federal, ya que sólo está legitimando sus futuras actuaciones para enfrentar y en su caso sojuzgar al resto de poblaciones que cuentan con policías comunitarias propias y que además han surgido de un proceso social legítimo y de autodefensa por los abusos cometidos por grupos de la delincuencia organizada.
“Los 34 detenidos están siendo violentados porque se basan en una investigación de la cual no tenemos conocimiento y esta supuesta investigación reproduce de forma autoritaria los proceso investigativos tanto de la policía como de los elementos del ministerio público del gobierno federal; en este sentido pareciera que es una decisión política, tomar o más bien ejemplificar con los 34 detenidos que cualquier tipo de policía comunitaria es un miembro o brazo armado del narcotráfico o es paramilitar”
La falta de autoridad del Estado es una de las causas por las cuales las comunidades más marginadas sufren el acoso de grupos criminales, ya que ante la pobreza y la falta de oportunidades, son vulnerables a cualquier tipo de acoso de estos grupos, por tanto, ante la falta de autoridad la única manera de enfrentarlos es la autodefensa.
Emilio Carranza considera que el actuar del Gobierno Federal, en estas detenciones, es sólo una acción política que resuelve la forma y no el fondo de los problemas que aquejan a las comunidades en clavadas en la sierra Michoacana.
“La decisión política de detener a estos 34 michoacanos es errónea, primero se detiene y después se investiga quienes son, es decir no se puede asegurar ni negar los cargos que se les imputan, por lo tanto es una decisión política para después legitimar su posicionamiento frente a otras policías comunitarias del país”
Con la detención y presentación de los supuestos criminales, como se les ha adjetivado a los 34 policías comunitarios, el Gobierno Federal está abriendo la puerta al juzgamiento mediático y social, dado que no existe una normatividad protocolaria en materia de medios de comunicación para presentar ante una audiencia a quienes estén sujetos a un proceso penal.
Pese a ello, el Encargado de la normatividad de medios, de la Secretaria de Gobierno Federal, Eduardo Sánchez, ha propuesto en vano, una serie de protocolos para regular a los medios de información en la manera en que estos presentan a los supuestos criminales, sin embargo, el día de ayer presenta como miembros del crimen organizado a los policías comunitarios detenidos; es decir la forma en que presenta a estas personas a los medios de información, carece de cualquier medida para proteger la integridad moral del supuesto delincuente
“No obstante lo escuchamos el día de ayer afirmando que los 34 detenidos son miembros del crimen organizado porque se les encontraron armas que solo el ejército tiene, entonces está rompiendo todo tipo de protocolos que la misma secretaria de gobierno promete pero ni siquiera nos dice cuáles son”.
Emilio Carranza es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, realizó estudios en el Máster de Comunicación y Cultura, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y es pasante de la licenciatura de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tiene experiencia como investigador, facilitador docente y editor. Sus áreas de especialización son la economía política de la comunicación y el análisis del discurso de los medios de comunicación, en las que ha publicado artículos de investigación y brindado ponencias en México y América Latina.
