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Redacción/Noventa Grados
México; 16 febrero 2013.-Los líderes de la Cámara de Diputados le siguen dando largas a la instalación de la Comisión Especial contra Feminicidios, pese al alarmante incremento de las cifras sobre violencia de género en varias entidades del país.
Han pasado cuatro meses y medio del inicio de la legislatura y no hay fecha tentativa para instalar este órgano legislativo. En contraste, en menos de 30 días la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja aprobó la documentación necesaria para constituir oficialmente la Comisión especial para Indagar todo lo relativo a las Empresas de Juegos y Sorteos, solicitada por la Comisión Permanente -el pasado 16 de enero- a fin de desenmarañar presuntas ilegalidades en los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación para operar casinos.
En el Estado de México, por ejemplo, la situación es alarmante. Al 6 de febrero de este 2013 sumaron al menos 55 homicidios de mujeres.
La Diputada local del PRD, Ana Yoritzi Leyva Piñón, dijo apenas hace unos días que las cifras de crímenes mencionados obliga a “promover reformas en el Código Penal para distinguir cuántos son feminicidios y en consecuencia imponer sanciones adecuadas a los delitos”.
Pero a pesar de que en el portal de internet de la Cámara de Diputados, en el apartado Comisiones Especiales, aparece el pomposo nombre del grupo de legisladores que se dedicará a “Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Femincidios registrados en México”, en la página web sólo aparece un nombre, el de Guadalupe Socorro Flores Salazar, Presidenta de la Comisión Especial.
La legisladora perredista electa por el distrito 27 del Distrito Federal, con cabecera en Tláhuac, desconoce la razón del desinterés que tienen los coordinadores parlamentarios para nombrar a los integrantes de la Comisión Especial.
“Hicimos una solicitud a la Junta de Coordinación para la instalación de esta Comisión, está en proceso de la conformación a través de las secretarias que van a conformar esta Comisión Especial, estamos en espera que nos dé fecha de instalación la Junta de Coordinación”, dijo en entrevista. Sostiene que tiene el apoyo de su Grupo Parlamentario, no así del de las otras bancadas, quienes ni siquiera han entregado la lista de los diputados que fungirán como secretarios e integrantes de la Comisión Especial contra Feminicidios. Guadalupe Flores recalcó que al demorar la instalación de este órgano legislativo se retrasan un sin número de iniciativas y puntos de acuerdo para mejorar las legislaciones locales que podrían salvar la vida de muchas mujeres.
“En los últimos 10 años ha crecido la violencia de género en 400 por ciento, dos de cada tres mujeres padecen de violencia. Queremos impulsar a través de esta comisión una cartilla de atención de las víctimas de violencia feminicida, y gran acuerdo con los procuradores de los estados para se proteja la dignidad y la esfera jurídica de las mujeres víctimas de la violencia”, subrayó.
Históricamente, los órganos legislativos en el Congreso de la Unión relacionados con la equidad de género y la atención a feminicidios han tenido un avance institucionalmente importante, pero muy lento. En la LVII Legislatura, que funcionó de 1997 al año 2000, la Comisión de Equidad y Género funcionó como comisión especial. Pasó a ser comisión ordinaria en el año 2000.
Desde entonces ha convocado a diputadas y mujeres de organizaciones de la sociedad civil a trabajar en coordinación a favor de leyes que han resultado en la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Sus integrantes han luchado contra las “cuotas” de género, las hoy llamadas “diputadas juanitas”, y lograron que los partidos políticos postulen al menos 30% de mujeres en sus candidaturas a cargos de elección popular.
Las diputadas de la LVIII Legislatura, -que funcionó del año 2000 al 2003- impulsaron la creación una Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, misma que ha funcionado con otros nombres hasta la presente LXII Legislatura.
“Es importantísimo que el Poder Legislativo, con las facultades que le confiere la Constitución, impulse los estudios y datos que nos den indicadores sobre la frecuencia de la violencia, a fin de tomar las medidas que nos permitan erradicar la violencia de género, de manera progresiva y sistemática, con el fin de prevenir el asesinato de mujeres”, indicó la actual presidenta de la Comisión Especial contra Feminicidios.
El pasado 17 de enero, el nombramiento de Lorena Cruz Sánchez como titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) provocó una fuerte reacción entre la sociedad civil. Activistas, políticas y organizaciones civiles lo califican como una imposición.
Enrique Peña Nieto designó como presidenta del Inmujeres a Cruz Sánchez, quien fuera Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del gobierno mexiquense durante su administración.
La Presidencia de la República informó en un boletín que “de acuerdo con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley del Inmujeres, el mandatario seleccionó a la nueva titular a partir de una terna integrada por consenso de la Junta de Gobierno del organismo, en la cual figuraban también Teresa Incháustegui Romero y Milagros del Pilar Herrero Buchanan”.
Pero los activistas dijeron que se trata de un nombramiento político, y que preocupa cómo el Presidente ha entregado carteras de importancia toral a sus cercanos o a ex funcionarios del Edomex.
