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MensajearQuerétaro, Querétaro, 28 de agosto de 2026.- La Procuraduría de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores del Estado de Querétaro recibe actualmente más de mil reportes anuales por vulneración de derechos, abandono y maltrato hacia este sector de la población, afirmó Paola Fernández Trejo, titular de la dependencia estatal.
En el marco del Día de Los Abuelos, detalló el panorama actual que enfrentan las personas de la tercera edad en la entidad, destacando una alta incidencia en abusos de carácter financiero y psicológico al interior de los núcleos familiares.
“De acuerdo con las cifras reveladas por la procuradora, más de mil reportes anuales por vulneraciones que van desde omisión de cuidados hasta violencia extrema de los cuales el 30 por ciento de los casos (300) culminan en la comprobación de algún tipo de violencia directa, ya sea física, patrimonial, psicológica o sexual y el 80 por ciento de los expedientes presentan factores de vulneración patrimonial o económica”.
Advirtió que la explotación financiera es una práctica sumamente recurrente. Las modalidades más comunes incluyen a familiares o cuidadores que retiran las tarjetas bancarias de los adultos mayores para administrar sus pensiones sin permitirles tomar decisiones, o el fraude directo mediante la solicitud de préstamos a nombre de la víctima. "Son préstamos que nunca gozaron y que sí están pagando, se les está descontando mes a mes".
Explicó que desde su instalación el 10 de marzo de 2022, la Procuraduría aborda los casos mediante un equipo multidisciplinario conformado por trabajadores sociales, psicólogos y personal médico. Las intervenciones van desde mediación familiar y gestiones asistenciales, hasta el ejercicio de acciones legales coercitivas ante la Fiscalía o el Tribunal Superior de Justicia para tramitar medidas de protección cuando el maltrato es innegable.
La procuradora enfatizó que la vulneración de derechos no se limita únicamente al maltrato físico o el robo. La dependencia combate de igual forma la sobreprotección familiar, que anula la autonomía del adulto mayor para decidir sobre su autocuidado, y la discriminación por edadismo, que ocurre cuando se les niega el acceso a programas o instituciones por el simple hecho de rebasar los 60 años.
Para fomentar la prevención, dijo, la dependencia opera una vertiente de desarrollo humano enfocada en la vejez saludable a través de centros gerontológicos como Plan Vida en la capital y un nuevo centro especializado en San Juan del Río.
“A la par, impulsa campañas para asesorar jurídicamente a los adultos mayores antes de que firmen documentos que comprometan su patrimonio y concientiza a las familias sobre la importancia de no normalizar el deterioro cognitivo ni ignorar las señales tempranas de demencia asumiéndolas como ‘cosas de la edad’”.
