Compartir
Twittear
MensajearCiudad de México, a 2 de junio de 2026.- La investigación por presuntas operaciones de lavado de dinero que involucra al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mantiene vigentes las medidas financieras impuestas por las autoridades mexicanas, luego de que un juez federal negara un amparo promovido contra el bloqueo de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La resolución judicial también alcanza a María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del exmandatario estatal, así como a las empresas Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, cuyos representantes impugnaron la decisión emitida el 18 de mayo de 2021, cuando fueron incorporados a la lista de personas bloqueadas por la UIF.
De acuerdo con el fallo, la medida fue considerada legal debido a que derivó de una solicitud de cooperación internacional enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dicha petición estaba relacionada con una investigación sobre posibles esquemas de lavado de activos y movimientos financieros detectados en territorio estadounidense. Entre los socios de las empresas señaladas figuran Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus hermanos Ismael y José Manuel.
La sentencia señala que el congelamiento de cuentas tiene como propósito impedir que recursos presuntamente vinculados con actividades ilícitas sean transferidos, ocultados o movilizados mientras continúan las indagatorias. Asimismo, destaca que tanto México como Estados Unidos forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que impulsa la colaboración entre países para combatir delitos financieros, por lo que la actuación de la UIF se enmarca en compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
Según los antecedentes del caso, en mayo de 2021 el Departamento de Justicia estadounidense notificó a la UIF sobre una investigación que involucraba a 35 personas físicas y morales en México, entre ellas el entonces gobernador de Tamaulipas. En la comunicación se identificó a 19 empresas y 16 personas como posibles integrantes de una red de lavado de dinero, por lo que se solicitó el congelamiento de sus cuentas bancarias mientras avanzaban las pesquisas.
