Morelia, Michoacán; 6 de mayo de 2026.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) y las autoridades comunales de San Matías el Grande, municipio de Hidalgo, lanzaron un ultimátum de 15 días a las autoridades estatales y federales para cumplir con los acuerdos de prevención y atención para pacientes renales. De no obtener respuestas tangibles, advirtieron el inicio de una jornada de movilización nacional.
En rueda de prensa, Pavel Ulianov Guzmán Macario, vocero del CSIM, denunció que tras meses de mesas de trabajo los avances son nulos. Acusó a las instituciones de realizar un "manejo político" para retrasar soluciones a la grave incidencia de enfermedades renales crónicas, vinculadas presuntamente a la actividad de la planta geotermoeléctrica de Los Azufres.
Guzmán Macario reveló información oficial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual confirma irregularidades en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Según el informe, de las 33 pilas de enfriamiento de la planta, 12 carecen de protección (concreto o geomembrana), por lo que operan fuera de la norma ambiental.
"Esta nueva información no hace más que corroborar que teníamos razón: esta planta no cumple con las normas. Además, se han negado sistemáticamente a entregar estudios de impacto ambiental reales, limitándose a auditorías externas que no analizan el suelo, el agua ni el aire", señaló el vocero.
Por su parte, Alejandra Martínez García, consejera de Salud de San Matías el Grande, expresó el hartazgo de la comunidad ante la falta de voluntad política. Denunció que, pese a los acuerdos minutados, no se ha cumplido con el tamizaje para la detección temprana de enfermedades, ni con el muestreo de agua que debe evaluar 45 parámetros fisicoquímicos.
"Son solo palabras, son solo promesas incumplidas y ya estamos cansados. Hemos sido respetuosos, hemos recurrido al diálogo y nos hemos prestado para trabajar, pero no vemos ninguna voluntad de su parte por ayudar", sentenció Martínez García.
La consejera subrayó la contradicción de las autoridades de salud, quienes argumentan que no es viable instalar una unidad de hemodiálisis pública en la comunidad, mientras existen clínicas particulares en la región que cobran entre 1,500 y 2,000 pesos por sesión, costos impagables para las familias locales.
Ricardo Correro Martínez, integrante del Consejo de Autogobierno, dio lectura al pliego de peticiones que incluye nueve puntos indispensables, entre los que destacan:
1. Programa económico permanente de apoyo a enfermos renales.
2. Instalación de una unidad de hemodiálisis y un hospital especializado en San Matías el Grande.
3. Colocación de filtros de agua inmediatos y monitoreo permanente de manantiales.
4. Construcción de una escuela de salud a través de la Universidad del Bienestar.
Ante la falta de resultados, la comunidad decidió no asistir a la mesa de trabajo programada para este viernes en San Matías. "Si tenemos que llegar a movilizarnos a nivel nacional, lo vamos a hacer. No queremos más palabras, queremos hechos palpables", concluyeron las autoridades comunales.
Según datos proporcionados por la consejera de salud, se estima que en la región oriente de Michoacán existen alrededor de 5 mil pacientes renales. Esta cifra contrasta con la capacidad del Hospital Regional de Ciudad Hidalgo que, según refirieron, solo cuenta con 19 máquinas de hemodiálisis, resultado insuficiente para la magnitud de la crisis.









