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MensajearGuadalajara, Jalisco, 11 de octubre de 2026.- En un intento por lavar su imagen tras la represión en Casa Jalisco, el gobierno de Pablo Lemus Navarro emitió un comunicado oficial en el que justifica el uso de la fuerza pública contra la manifestación por el agua limpia, argumentando la irrupción de un bloque de 400 personas encapuchadas. Sin embargo, el documento oficial contrasta drásticamente con la realidad vivida por decenas de miles de tapatíos, quienes, tras exigir un derecho básico, terminaron asfixiados en una nube tóxica de gas lacrimógeno.
El parte oficial emitido por el Ejecutivo estatal se centra en deslindar a la administración de los actos de represión. El texto detalla que, si bien la movilización inició de forma pacífica con 10 mil asistentes, la violencia fue detonada por un grupo que buscaba "deslegitimar" la protesta. Como saldo, el gobierno presume la detención de 39 personas (21 hombres y 18 mujeres) y reporta 28 policías heridos, dos de ellos de gravedad. En su narrativa, la administración de Lemus asegura respaldar la libre manifestación y "lamenta" que la protesta civil se empañara.
No obstante, el comunicado funciona como una cortina de humo para ocultar la nula disposición al diálogo del gobernador. Días antes, Lemus Navarro prometió una marcha "ordenada y segura", pero su respuesta real fue un cerco de antimotines y cañones de agua. Al criminalizar la protesta y enfocar su postura oficial en los detenidos y el choque violento, el gobierno estatal evade su responsabilidad principal: la crisis sanitaria provocada por el SIAPA, que envía a los hogares un líquido turbio, pestilente y presuntamente contaminado con coliformes fecales y metales pesados.
El propio comunicado intenta usar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) como aval, destacando la presencia de 16 de sus observadores para garantizar el respeto a los manifestantes y dar acompañamiento a los detenidos. Irónicamente, la postura de la misma CEDHJ hizo un llamado a que las demandas ciudadanas fueran escuchadas mediante la coordinación institucioal y la búsqueda de soluciones, algo que el gas lacrimógeno y los dispositivos de dispersión accionados por el Estado claramente ignoraron.
La narrativa oficial del Gobierno de Jalisco resulta profundamente cínica. Mientras el comunicado afirma proteger la integridad de las familias, jóvenes y adultos mayores presentes, fueron precisamente ellos quienes sufrieron vómitos y ardor por los químicos lanzados por las fuerzas de seguridad. Redactar boletines que culpan a terceros no potabiliza el agua de Guadalajara ni borra el mensaje autoritario de la administración de Pablo Lemus: ante la exigencia legítima de agua limpia, la respuesta del Estado es administrar la miseria mediante tandeos y silenciar el descontento con represión.
