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MensajearGuadalajara, Jalisco, 11 de octubre de 2026.- En Jalisco, la crisis del agua ha trascendido de ser un problema de infraestructura a convertirse en una flagrante y múltiple violación a los derechos humanos. Este domingo, la exigencia ciudadana por el acceso a agua potable y de calidad culminó no en el diálogo institucional, sino en una violenta respuesta del Estado. Afuera de Casa Jalisco, la administración del gobernador Pablo Lemus Navarro respondió con gas lacrimógeno, cañones de agua y detenciones arbitrarias a una población que únicamente exigía no enfermarse en sus propios hogares.
Ante la magnitud de la convocatoria ciudadana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) desplegó a su personal para fungir como observadores durante la marcha. En un comunicado oficial, el organismo defensor fue claro en su postura: refrendó su compromiso de vigilar "el respeto al derecho humano a la libre manifestación" e hizo un llamado para que las legítimas demandas de la población fueran atendidas mediante "el diálogo, la coordinación institucional y la búsqueda de soluciones".
Sin embargo, las recomendaciones y la presencia del organismo garante fueron ignoradas por completo por las fuerzas de seguridad del estado. El gobierno, en lugar de apostar por la vía de la conciliación que promovía la CEDHJ, optó por la confrontación directa.
El origen de esta movilización masiva radica en la vulneración sistemática del derecho humano al agua y al saneamiento, reconocido internacionalmente. Desde hace meses, habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara reciben en sus hogares agua turbia, con olores fétidos y reportes de contaminación por coliformes fecales y metales pesados. Obligar a familias, niños y personas de la tercera edad a subsistir con un líquido que atenta contra su salud y su vida es, en sí mismo, una grave falta de las autoridades estatales y del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
A esta primera violación se sumó una segunda: la supresión del derecho a la protesta. Cuando el contingente, encabezado por familias y personas con discapacidad, llegó a las inmediaciones de la residencia oficial del gobernador para hacer eco de su desesperación, se encontró con un muro de policías antimotines. La tensión desembocó en el uso desproporcionado de la fuerza. Las detonaciones de gas lacrimógeno provocaron asfixia y vómitos entre los asistentes, dejando un saldo de al menos ocho personas detenidas.
El fracaso del diálogo institucional
La actuación de la policía estatal bajo el mando del gobierno de Lemus Navarro deja en evidencia una profunda desconexión entre el discurso oficial y la realidad. Mientras el gobernador aseguraba previamente garantizar una manifestación "ordenada y segura", y la CEDHJ abogaba por "garantizar el bienestar de la población", el resultado fue la criminalización de las víctimas.
En la perspectiva de los derechos humanos, un gobierno no puede responder a una emergencia sanitaria y de servicios básicos con brutalidad policial. Hoy, la administración estatal no solo debe rendir cuentas por la pésima calidad del agua que distribuye, sino que enfrenta el escrutinio público y de los organismos defensores por haber utilizado el aparato represivo del Estado para silenciar el justo reclamo de una ciudadanía sedienta de justicia y de agua limpia.
