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MensajearMorelia, Michoacán, a 19 de junio de 2026.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) interpuso seis denuncias y quejas ante distintas instancias estatales y federales contra el diputado local del PRD, Octavio Ocampo Córdova.
El vocero del CSIM, Pavel Ulianov Guzmán, señaló que estas acciones responden a las "calumnias e injurias" vertidas por el legislador el pasado 11 de mayo, cuando acusó a la organización de lucrar con las comunidades y las rondas comunales. En rueda de prensa, detallaron que la Asamblea General de Autoridades determinó que la respuesta no será individual, sino colectiva, en representación de las 80 comunidades que integran el consejo.
El objetivo, dijo, es sentar un precedente legal para que los actores políticos asuman responsabilidad sobre sus declaraciones contra los luchadores sociales. El CSIM desglosó las instancias donde ya se han radicado los procedimientos:
Fiscalía General del Estado: Denuncia penal por el delito de discriminación.
Poder Judicial:Juicio civil ordinario por daño moral agravado.
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH): Queja con solicitud urgente de medidas cautelares.
Congreso del Estado: Denuncia ante la Contraloría Interna por probables faltas administrativas.
COEPRED: Queja ante el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Violencia y la Discriminación.
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de DH: Solicitud de incremento del nivel de riesgo y ampliación de medidas de seguridad.
Una de las demandas centrales es una disculpa pública y una compensación económica que, explicó el vocero, no tendrá un destino personal. "Acordamos que vamos a exigir una compensación económica, pero no es personal ni particular; servirá para realizar las primeras Olimpiadas de los Pueblos Indígenas de Michoacán o un encuentro de básquetbol", afirmó Guzmán.
A la par de la vía legal, el CSIM anunció que a partir de la próxima semana iniciarán movilizaciones en el Congreso del Estado, las oficinas centrales del PRD y en las propias comunidades indígenas. El vocero reveló que este conflicto se da en un contexto de alta vulnerabilidad, pues informó que existen al menos 10 casos documentados de amenazas de muerte contra integrantes del Consejo, presuntamente perpetradas por funcionarios públicos que se oponen al autogobierno.
"Queremos que los políticos sepan que si van a calumniar a los luchadores sociales, van a tener responsabilidad. Estamos hablando en serio; esto quita tiempo valioso de organización, pero la asamblea determinó que nos vamos a acciones jurídicas, sociales y políticas", concluyó.
