Reconoce PGJE que existen deficiencias en el sistema de seguridad pública de Michoacán

Redacción / Noventa Grados 

Morelia, Mich; 28 de agosto de 2012.- El procurador General de Justicia de Michoacán, Plácido Torres Pineda, reconoció que actualmente “existen serias deficiencias en el sistema de seguridad pública que deben ser (…) discutidas para superarlas”.

Durante la rendición de su informe de actividades en el Congreso del Estado, Torres Pineda aseguró que “la delincuencia ha adoptado métodos científicos para perpetrar sus conductas criminales”, al mismo tiempo que “hacen uso de alta tecnología para lograr sus objetivos”, lo que repercute, dijo, en un mayor número de “eventos delictivos que quedan impunes”.

Por ello, agregó que las instancias de procuración de justicia se han centrado en reformular sus estructuras, así como la cultura de su organización, para contar con elementos humanos y tecnológicos “más actuales” que repercutan en brindar confianza a la sociedad.

Resaltó que por primera vez el Estado “ha transparentado su procuración de justicia a la sociedad” con el objetivo de “evaluar la prestación del servicio”.

Añadió que otros de los factores que afectan estructuralmente a la PGJE son: la insuficiencia de personal, así como las deficiencias en materia de formación, capacitación y especialización; sueldos poco gratificantes; la carencia de recursos financieros; la falta de material y equipo; así como “la falta de credibilidad y confianza en la institución que se manifiesta en la falta de denuncia del delito”.

Torres Pineda consideró que “debe renovarse la técnica jurídica para la integración de averiguaciones” para que “cumplan con las exigencias que tanto el derecho nacional como internacional imponen en esta época de transición hacia un nuevo sistema de justicia penal”.

Finalmente urgió a proporcionar “resultados contundentes” en el ataque a la criminalidad y así recobrar la confianza en los ciudadanos a través de los esfuerzos que dijo, se han centrado en rubros como: el diagnóstico y reformulación de la estructura de la PGJE; Formación y profesionalización de los servidores públicos encargados de la procuración de justicia; Acciones profundas para la prevención del delito; Considerar a la víctima como parte de la investigación y del proceso penal y por último, la cultura de la legalidad.