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Redacción / Noventa Grados
Morelia, Mich; 03 de agosto de 2012.- El 71% de los crímenes ante periodistas siguen impunes, por lo que resulta indispensable la cooperación entre el ejecutivo federal y estatal para hacer efectivas las medidas previstas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y con ello se pueda garantizar la vida, integridad y seguridad, así como el ejercicio de la libertad de expresión en el periodismo, señaló el diputado panista Sebastián Naranjo Blanco.
A poco más de un mes de entrar en vigor la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, resaltó la importancia de su aplicación en las Entidades Federativas para que “el Estado atienda su responsabilidad primordial de proteger, promover y garantizar los derechos humanos”, según establece la Ley.
El legislador expresó que de acuerdo a información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde el año 2000 se han registrado 82 casos de homicidio de periodistas, 16 desapariciones y 28 atentados contra medios de comunicación, de los cuales 19% han sido investigados y solo 7% son derivaron a una condena.
“La reforma al artículo 73, siendo aprobada por el Legislativo Estatal el pasado 19 de junio, viene a contribuir en el combate a la impunidad, con ello, obedece en gran medida a que las autoridades encargadas de integrar las averiguaciones previas, cumplan su responsabilidad de indagar y recabar pruebas que permitan esclarecer los hechos”, señaló.
Enfatizó que el ejecutivo federal cuenta con un término de entre tres a seis meses máximo, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para permitir la expedición del reglamento de la Ley, asimismo determina un plazo de 4 meses para que quede establecido el mecanismo con el que se efectuará.
“El cual deberá enfocarse en base a las necesidades actuales de nuestra sociedad, lo que permitirá contar con un avance para el sector periodístico en México, que desafortunadamente se mantiene como una de las profesiones más peligrosas en el país”, agregó.
Para concluir Naranjo Blanco, manifestó que ”los comunicadores podrán contar con seguridad al ejercer su labor sin que estos afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información, asimismo, podrán desempeñar su trabajo eficaz y objetivamente con la seguridad de que el Estado protegerá sus garantías”, finalizó.
