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Redacción / Noventa Grados
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Michoacán Miguel Ángel Chávez Zavala acompañado por el Coordinador del Grupo Parlamentario en el Congreso, Dip. Alfonso Martínez Alcázar
y la legisladora María Eugenia Méndez Dávalos, hicieron un pronunciamiento en el tema de la reestructura y refinanciamiento de la deuda pública estatal.
Luego de haber escuchado las opiniones de ex dirigentes, legisladores federales y locales, así como del Comité Directivo Estatal y liderazgos destacados del blanquiazul, el líder estatal compartió a los medios de comunicación la postura partidista.
En ese sentido mencionó que el Comité Directivo Estatal (CDE) y la Comisión Política del PAN en Michoacán reconoce la crisis financiera de los Ayuntamiento y del Gobierno del Estado, por lo que se recomendó al Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), autorizar los dictámenes de reestructura, refinanciamiento y contratación de deuda pública estatal bajo algunas condiciones, entre las que destaca que el Ejecutivo Estatal realice e informe oportunamente , al Congreso del Estado, el ajuste presupuestal al proyecto de presupuesto 2013 a fin de disminuir el déficit financiero.
Otra condición es que el Ejecutivo Estatal transfiera con equidad y transparencia los recursos públicos destinados a los municipios gobernados por Acción Nacional. Así mismo, se pidió que Ejecutivo Estatal se comprometa a dar seguimiento a los resultados de las revisiones, inspecciones, fiscalizaciones, evaluaciones y auditorías practicadas en las dependencias o entidades de la administración pública estatal, en forma directa o por conducto de auditores externos, a fin de deslindar responsabilidades e iniciar los procedimientos administrativos o penales a que haya lugar por las presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos de la pasada administración estatal y municipal.
Finalmente, el dirigente del albiazul propuso la instalación en el Congreso del Estado de una mesa técnica de seguimiento a las revisiones, inspecciones, fiscalizaciones, evaluaciones y auditorías practicadas, y a la revisión de los expedientes de responsabilidad administrativa o penal que se integren, “con el fin de garantizar que no habrá tolerancia a la impunidad y a la corrupción”, concluyó.
