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Morelia, Mich., a 06 de agosto de 2014.- Con la finalidad de impulsar el proyecto del Parque Industrial en la Isla de la Palma, el gobernador Salvador Jara Guerrero, sostuvo una reunión con los diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo a dicho proyecto.
Salvador Jara enfatizó que, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y otras dependencias relacionadas, el gobierno que encabeza trabajará en medida de sus atribuciones para detonar dicho proyecto.
El diputado local Antonio Sosa López, presidente de esta Comisión Especial, celebró el acercamiento con el titular del Poder Ejecutivo de Michoacán, quien ha mostrado su interés en relanzar este proyecto.
Del mismo modo, la legisladora Silvia Estrada Esquivel, coincidió en la urgencia de trabajar de manera conjunta desde cada una de las trincheras, puesto que los habitantes del estado demandan la generación de empleos y de nuevas oportunidades.
En esta reunión estuvieron presentes los diputados locales Erik Juárez Blanquet, Salomón Fernando Rosales Reyes y Sarbelio Augusto Molina Vélez.
Así como Carlos Pfister Huerta Cañedo, secretario de Desarrollo Económico; Alexandro López Cárdenas, Coordinador de Planeación para el Desarrollo del estado; Jaime Camacho Moreno, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; además de Oscar Juárez Davis, subsecretario de Finanzas; por mencionar algunos.
En otros temas, como parte de sus actividades el gobernador recibió la propuesta ciudadana del Plan Emergente para el periodo 2014-2015, que incluye las inquietudes de algunos segmentos de la sociedad civil organizada.
También, el mandatario atendió en audiencias al empresario Carlos Río Valencia y a Constantino Ortiz García, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCEM).
Concretó diversos acuerdos con Juan Zacarías Paz, secretario de los Pueblos Indígenas en la entidad, sobre la puesta en marcha de acciones específicas para favorecer el desarrollo integral de las distintas regiones étnicas.
Jara Guerrero instruyó al titular de la SPI para que atienda de manera puntual las demandas de dicho segmento de la población, puesto que los grupos indígenas deben gozar de todas las garantías, derechos constitucionales, servicios y acceso a los satisfactores básicos de bienestar social.
