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MensajearMorelia, Mich., a 28 de mayo de 2026.– Lo que comenzó como un percance vial terminó convertido en una pesadilla burocrática y, presuntamente, en un nuevo caso de abuso por parte de una empresa de grúas y corralones que desde hace años arrastra señalamientos de cobros indebidos, retenciones irregulares y presunta protección institucional en Michoacán.
Un conductor moreliano denunció que, pese a haber obtenido ya la liberación oficial de su vehículo mediante resolución del Juzgado en Materia Administrativa del Estado, el corralón donde permanece retenida su unidad simplemente se niega a entregársela.
Detrás del caso aparece nuevamente el nombre de una red de empresas identificadas como Grúas H2O Zacapu, Grúas Monarcas, Grúas Zacapu Monarcas y Grúas Undameo, firmas que históricamente han sido señaladas por ciudadanos, abogados y medios de comunicación por presuntos abusos contra automovilistas.
El accidente y el inicio del conflicto
De acuerdo con el testimonio del afectado, el pasado 24 de enero de 2026 sufrió un percance vehicular en Morelia luego de que motociclistas circularan en sentido contrario.
Elementos de la Policía Morelia acudieron al sitio y realizaron las actuaciones correspondientes. Posteriormente, una grúa retiró la unidad y ésta fue puesta a disposición de las autoridades competentes.
Sin embargo, el conductor asegura que nunca recibió una explicación clara sobre el procedimiento que derivó en que el automóvil terminara depositado en un corralón operado por Grúas H2O Zacapu.
“Yo tuve que ir al doctor después del accidente. Cuando regresé, mi vehículo ya no estaba”, relató.
Durante semanas ni siquiera supo en qué corralón había sido depositada la unidad.
Posteriormente descubrió que el automóvil había sido enviado al corralón operado por Grúas H2O Zacapu, una de las razones sociales vinculadas al grupo de empresas de grúas señalado desde hace años en Michoacán por presuntos abusos contra automovilistas.
Cobros de hasta 15 mil pesos en apenas días
Antes incluso de obtener una resolución judicial, el afectado asegura que el corralón ya le exigía cantidades exorbitantes para liberar el automóvil.
“En los primeros quince días ya me cobraban entre 13 mil y 15 mil pesos. Se me hizo un exceso completamente”, denunció.
Esa situación lo llevó a iniciar un procedimiento legal para buscar la recuperación de la unidad y controvertir los cobros.
Tras varios meses de litigio, finalmente obtuvo el deslinde de responsabilidad y la liberación correspondiente mediante resolución emitida por el Juzgado en Materia Administrativa del Estado.
En teoría, el conflicto estaba terminado.
Pero no.
“Hasta que ordenen los superiores”
El pasado miércoles 27 de mayo el conductor acudió al corralón para recuperar su vehículo.
La primera respuesta fue que “todavía no estaban notificados”.
Horas después confirmó que la notificación sí había llegado oficialmente.
Regresó nuevamente este jueves.
Entonces comenzó otro obstáculo.
La encargada del corralón le informó que no podían entregarle la unidad porque “tenían que revisarlo con los abogados”, argumentando además supuestos adeudos relacionados con arrastre y pensión.
La respuesta fue todavía más alarmante después.
“Hasta que ordenen los superiores que te entreguemos tu vehículo”, le dijeron.
El ciudadano permaneció esperando desde la una de la tarde hasta las cinco, hora en que prácticamente cerraron las instalaciones sin devolverle el automóvil.
Después de eso, según denunció, la encargada dejó de responder llamadas y mensajes.
Un nombre recurrente en denuncias y escándalos
El caso revive viejos señalamientos contra el entramado de empresas de grúas ligado históricamente a Grúas Zacapu Monarcas.
En 2020, una investigación periodística de Meta Política documentó cómo ciudadanos acusaban a dichas empresas de operar mediante esquemas presuntamente irregulares en coordinación con autoridades de tránsito y corporaciones estatales.
La investigación señalaba un mecanismo donde vehículos terminaban en corralones privados que posteriormente cobraban cantidades excesivas para liberar las unidades, incluso cuando los propietarios ya contaban con resoluciones favorables.
En diversos expedientes judiciales citados entonces, jueces ordenaron devolver dinero cobrado por servicios de arrastre y corralón al considerar improcedentes algunas retenciones y cobros.
El patrón denunciado por el conductor moreliano parece repetir exactamente el mismo esquema: retiro del vehículo sin claridad jurídica; envío automático a un corralón privado; cobros excesivos; obstáculos para recuperar la unidad; y negativa a entregar el vehículo aun existiendo liberaciones oficiales.
La gran pregunta: ¿por qué no entregan el vehículo?
El caso también deja una interrogante delicada:
Si existe ya una resolución judicial administrativa ordenando la liberación de la unidad, ¿con qué facultades un corralón privado puede seguir reteniéndola?
Más aún: ¿por qué una empresa puede retrasar durante horas —o incluso días— el cumplimiento de una determinación emitida por una autoridad jurisdiccional?
La frase atribuida al personal del lugar resulta particularmente reveladora:
“Hasta que ordenen los superiores”.
La pregunta inevitable es quiénes son esos “superiores” capaces de retrasar la devolución del patrimonio de un ciudadano aun existiendo una resolución judicial.
Porque mientras el vehículo permanece encerrado, el tiempo sigue corriendo.
Y con ello, también los cobros.
