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MensajearCiudad de México, a 14 de diciembre de 2023.- El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador permitió el tráfico de 5.4 toneladas de cocaína y 5 millones de dólares de procedencia ilícita, como parte de las actividades estadounidenses por desmantelar redes de tráfico internacional de droga.
Comunicaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estadounidenses, a las que medios de comunicación tuvieron acceso, revelan la colaboración del Gobierno de López Obrador para actividades ilícitas en México, de la mano de Estados Unidos, tal como sucedió con el escándalo “Rápido y furioso” de 2009, un operativo organizado por EEUU y en el que más de 2 mil 500 armas acabaron en manos de los cárteles del narcotráfico mexicano.
En cartas enviadas por la DEA y el ICE a la Fiscalía de Colombia se asegura que, de 2019 a 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México otorgó permisos para el “tránsito y/o destino” de 5.4 toneladas de cocaína y 5 millones de dólares de procedencia ilícita para realizar transacciones; el objetivo era desmantelar estructuras del narcotráfico internacional.
En una de las comunicaciones obtenidas, las autoridades estadounidenses comunicaron a la Fiscalía de Colombia, que México aceptó el transporte de hasta 200 kilos de cocaína, 5 kilos de heroína, 20 kilos de metanfetamina y 20 kilos de alguna otra sustancia sintética ilegal no especificada. También autorizó la utilización de hasta 2 millones de dólares para pagos y transacciones.
“El gobierno de los Estados Unidos, a través de su agencia DEA, ha comunicado el origen y propósito de esta operación a las autoridades apropiadas de México, específicamente la Policía Nacional de México, a través de canales diplomáticos en México. Con esta solicitud la DEA afirma que esta operación ha sido autorizada en México”, se lee textual en la carta del gobierno de los Estados Unidos enviada a la Fiscalía General de la Nación de Colombia.
Los estadounidenses también pidieron a las autoridades mexicanas, permiso y apoyo para realizar vigilancias y seguimientos, búsquedas selectivas en bases de datos e interceptación de teléfonos de los criminales para obtener evidencia.
El Gobierno colombiano también colaboró, permitiendo el establecimiento de una red de narcotráfico y lavado de dinero, operación denominada “New Generation” (“Nueva Generación”).
“Se requiere emplear esta técnica especial de investigación por cuanto no existe otro medio legal para lograr el objetivo que se quiere alcanzar en las presentes diligencias, que a partir de esta técnica de investigación que es permitir que una mercancía de carácter ilegal sea transportada por el territorio Nacional entre o salga de él, bajo la estricta vigilancia de funcionarios de Policía Judicial”, se lee en el formato de aprobación.
Algunos de los puntos de esta operación, establecen por ejemplo que “Previa coordinación con la DEA y el agente de control colombiano “se trasladará el alcaloide hacia los Estados Unidos y México, este último como país de tránsito”; que “La droga podrá ser transportada en vuelos de carga o comerciales; y que “Los agentes encubiertos serán protegidos por un equipo de vigilancia y seguimiento antes, durante y después de la entrega”.
“New Generation” no fue la única operación de este tipo en la que participó en México, pues de manera casi paralela, se llevó a cabo otra bajo el nombre “Bonanza”.
Igual que la anterior, esta contemplaba el uso de 2 millones de dólares ilícitos y el tráfico de 200 kilos de cocaína, 5 kilos de heroína, 20 kilos de metanfetaminas y 20 kilos de cualquier otra droga sintética ilegal, para desmantelar una red criminal que operaba en Colombia, Estados Unidos, México, España y Países Bajos;
A poco más de un año de ese operativo que arrancó en diciembre de 2020, no se lograron incautaciones de drogas ni dinero ilegales, y a pesar de esto, hasta enero de 2022, seguían aprobando nuevos agentes encubiertos.
En julio de 2021, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, pidió autorizaciones para el tráfico de 5 toneladas de cocaína y el uso de 1 millón de dólares para actividades ilícitas.
En este caso, colaboraron autoridades de Paraguay, Bolivia, Brasil, Honduras, República Dominicana, Bahamas, España y México.
