Compartir
Twittear
MensajearMorelia, Mich., a 5 de junio de 2026.— Lo que comenzó como un accidente de tránsito ocurrido hace más de cuatro meses se ha convertido en un caso que exhibe algo más preocupante que un simple conflicto administrativo: la aparente capacidad de un corralón privado para ignorar resoluciones judiciales, desacatar notificaciones oficiales y mantener retenido el patrimonio de un ciudadano pese a que diversas autoridades ya ordenaron su devolución.
El afectado denunció que la empresa identificada como Grúas Zacapu-Monarcas, vinculada al grupo de corralones que durante años ha acumulado señalamientos por presuntos abusos y cobros excesivos en Michoacán, continúa negándose a entregar su vehículo aun cuando ya existen resoluciones favorables emitidas por el Juzgado Tercero Administrativo y nuevas notificaciones realizadas por el Ayuntamiento de Morelia.
La situación plantea una pregunta inquietante: ¿quién manda realmente, las autoridades o el corralón?
Cuatro meses de retención y una batalla contra el sistema
Todo comenzó el 24 de enero de 2026, cuando el ciudadano sufrió un accidente vial provocado, según su versión, por motociclistas que circulaban en sentido contrario.
Tras el percance, una grúa retiró la unidad y la trasladó a un corralón relacionado con Grúas Monarca. Lo que siguió fue un largo peregrinar burocrático marcado por cobros que, asegura, llegaron a oscilar entre 13 mil y 15 mil pesos apenas durante las primeras semanas de resguardo.
Ante lo que consideró una exigencia desproporcionada, decidió acudir a tribunales.
Después de meses de litigio, obtuvo una resolución favorable. Posteriormente, autoridades municipales emitieron oficios ordenando la devolución inmediata del vehículo y estableciendo expresamente que no debía realizarse cobro alguno por arrastre, grúa o pensión.
Sin embargo, nada ocurrió.
Dos liberaciones y la misma negativa
Lejos de cumplir con las instrucciones emitidas por las autoridades, el afectado asegura que el problema continúa exactamente igual.
Según relató, recientemente volvió a comunicarse con el Juzgado Tercero Administrativo, donde le confirmaron que fue emitida una nueva liberación y que el Ayuntamiento notificó nuevamente al corralón.
Aun así, la empresa mantiene la negativa y a decir de lo manifestado por los trabajadores, retiene la unidad mientras busca hasta un amparo para reclamar pagos que ya fueron materia de resoluciones administrativas.
La declaración resulta especialmente delicada porque implica que la empresa mantendría retenida la unidad pese a las órdenes administrativas.
Es decir, primero retienen y después litigan.
Mientras tanto, el ciudadano sigue sin recuperar su automóvil.
"No te lo entrego hasta que mi superior lo autorice"
La explicación proporcionada por personal del corralón ha generado todavía más cuestionamientos.
De acuerdo con el afectado, al reclamar nuevamente la entrega de su vehículo recibió una respuesta que considera alarmante.
"Me dijo la encargada: 'No te puedo entregar el vehículo hasta que mi superior me diga que ya te lo entregue o cuando ya se haya realizado el pago'".
La frase vuelve a colocar el foco sobre una interrogante que ha acompañado este caso desde el principio:
¿Quiénes son esos "superiores" cuyas instrucciones tendrían más peso que una resolución judicial y que las notificaciones emitidas por autoridades municipales?
Porque si los documentos oficiales ya fueron entregados y las resoluciones ya fueron emitidas, la negativa deja de parecer un retraso administrativo para convertirse en una presunta resistencia al cumplimiento de mandatos legales.
Un historial que vuelve a repetirse
El caso revive viejas acusaciones contra el entramado empresarial relacionado con Grúas Monarca, Grúas H2O Zacapu y Grúas Undameo.
Durante años, ciudadanos, abogados y medios de comunicación han documentado denuncias por presuntos cobros indebidos, obstáculos para recuperar vehículos y retenciones que terminaron siendo combatidas en tribunales.
Incluso existen antecedentes de resoluciones judiciales que ordenaron devolver dinero cobrado por servicios considerados improcedentes.
Ahora, un nuevo expediente parece reproducir el mismo patrón: un vehículo enviado a un corralón privado, cobros elevados, meses de litigio, resoluciones favorables para el ciudadano y una negativa persistente a devolver la unidad.
La diferencia es que esta vez la controversia ya no gira únicamente en torno al dinero.
Lo que hoy está bajo cuestionamiento es la aparente capacidad de una empresa privada para mantener retenido un vehículo aun cuando jueces y autoridades ya ordenaron liberarlo.
Y mientras las resoluciones se acumulan sobre los escritorios oficiales, el automóvil continúa detrás de un portón cerrado.
Esperando que alguien haga cumplir la ley.
