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MensajearMorelia, Mich., a 5 de julio de 2025.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad 71/2025 contra la reforma al Código Penal de Michoacán, que tipifica la apología del delito, al considerar que representa una amenaza a la libertad de expresión.
El recurso fue impulsado por el colectivo de periodistas NiUnoMás Michoacán, que celebró la decisión de la CNDH y expresó que el dictamen aprobado el 28 de mayo “dice combatir la apología del delito, pero por su redacción ambigua, lo que hace es perseguir toda alusión al fenómeno delictivo en Michoacán para invisibilizarlo, criminalizando las ideas, las expresiones artísticas, comunicativas y críticas, además de constituir una amenaza directa al ejercicio de la libertad de expresión de todas las personas en el estado”.
La reforma en cuestión fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 23 de junio, aunque con fecha del 30 de mayo, lo que fue calificado por el colectivo como “una burda maniobra” que buscó “entorpecer la defensa y ruta legal”.
Durante la sesión legislativa del 28 de mayo, periodistas exigieron que el dictamen fuera retirado del orden del día y que se abriera un proceso de parlamento abierto. La vocera del colectivo, Patricia Monreal, recordó a los legisladores que “desde dos semanas antes les habían entregado la solicitud para realizar la consulta”, y añadió que “es evidente que no hay división de poderes”.
En su pronunciamiento, NiUnoMás Michoacán advirtió que la reforma “configura un tipo penal ambiguo y de interpretación expansiva que puede ser utilizado para vigilar, sancionar o inhibir las ideas, la crítica, así como el disenso social y político”.
Aunque el dictamen contempla una excepción para periodistas, el colectivo consideró que la redacción es “además de ambigua, insuficiente y tramposa”, ya que “limita la protección al ámbito noticioso tradicional”, y “subordina la protección al ‘derecho a la información’, excluyendo de facto otras formas legítimas de expresión no informativa, como el arte, la sátira, la denuncia, la memoria, la protesta, que resultan igualmente esenciales para la vida democrática”.
También denunciaron que el proceso legislativo fue “opaco y apresurado: no hubo convocatoria pública a sesiones de la Comisión de Justicia, no se abrió un parlamento abierto ni se escucharon voces expertas”.
El colectivo subrayó que la reforma “penaliza expresiones sin requerir vínculo directo o causal entre el discurso y un hecho delictivo”, y que “el efecto inhibidor se extiende más allá del periodismo y golpea de lleno a la ciudadanía organizada, a las juventudes, a los movimientos sociales, a quienes desde los márgenes cuestionan al poder y abonan a la pluralidad democrática”.
Asimismo, rechazaron que su oposición sea una defensa de contenidos criminales: “Repudiamos el intento de camuflar esta reforma con el argumento de que busca combatir la apología del delito en los narcocorridos, pretendiendo hacer creer a la sociedad que las y los periodistas defendemos discursos que glorifican la criminalidad; esta afirmación es falsa, ofensiva y busca desacreditar nuestras exigencias legítimas”.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) también jugó un papel clave, según reconoció el colectivo: “Reconocemos el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que la Acción de Inconstitucionalidad pudiera concretarse, ello pese a la brevedad del tiempo con que se contaba”.
Finalmente, NiUnoMás Michoacán convocó a periodistas, activistas y artistas a interponer juicios de amparo, los cuales comenzaron a presentarse desde el 30 de junio.
