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Redacción/ Noventa Grados
México; 12 febrero 2013.-La nueva Ley de Amparo la votarán este martes en el pleno de la Cámara de Diputados y plantea una reforma integral al juicio de amparo, derivado de la reforma constitucional promulgada el 6 de junio de 2011.
El juicio de amparo es el principal instrumento de defensa de los derechos que tienen las personas para protegerse de los actos de la autoridad.
De acuerdo con el dictamen de la minuta presentada el pasado 6 de febrero por la Comisión de Justicia, la nueva ley plantea:
Agilizar la tramitación del juicio de amparo y establecer la posibilidad de tramitarlo de forma electrónica.
Ampliar el ámbito de protección del juicio de amparo, para que los tribunales federales resuelvan toda controversia constitucional
Desarrollar las disposiciones secundarias para que los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, se resuelvan prioritariamente cuando lo solicite alguna de las Cámaras del Congreso o el Ejecutivo Federal
Posibilitar que haya declaratorias generales de inconstitucionalidad
Fortalecer las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atienda prioritariamente los asuntos de su competencia y darle atribuciones para resolver más rápido la contradicción de criterios
La polémica del artículo 129
Aunque el dictamen de la nueva ley se aprobó en lo general, integrantes de la Comisión de Justicia del PAN, PRD y PT presentaron reservas al artículo 129, pues consideran que existe el riesgo de dotar de un poder excesivo a la autoridad, de acuerdo con el diario El Universal.
La polémica se centra en las fracciones 11 y 13 de dicho artículo: la primera plantea que ante intervención de una institución bancaria se niegue el amparo si se considera una afectación al interés social, mientras que la fracción 13 establece que se niegue un amparo a particulares cuando se trate de bienes de la Nación.
Para el Consejo Coordinador Empresarial, esta disposición tendría repercusiones económicas negativas porque consideran que obstaculiza la suspensión judicial.
De acuerdo con el diario Milenio, el dirigente de la organización empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, hizo llegar a los legisladores sus propuestas de cambios a fin de que sebusque la manera de imponer castigos a las empresas pero sin quitarles la posibilidad de ampararse.
La oposición de las empresas y cabilderos que consideran que la nueva ley afectará sus intereses han presionado para impedir que la nueva norma se vote, según señalamientos de la diputada perredista Alfa González Magallanes al diario El Universal.
Otras fuentes dijeron al periódico que la presión ha venido de bancos y empresas, entre ellas Televisión Azteca.
