Compartir
Twittear
Mensajear
México, DF 15 de Mayo 2014.-El ex procurador general de justicia en el estado de Coahuila, Jesús Torres Charles, dijo que sí sabía de las desapariciones ocurridas en el municipio de Allende, Coahuila, donde se presume hay más de 300 personas que fueron privadas de su libertad y asesinadas en el 2011, pese a que el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez afirmó que las investigaciones iniciaron meses después cuando inició su administración en diciembre del 2012.
Previo a una conferencia que ofreció sobre testigos protegidos, el ex funcionario en la administración de Humberto Moreira y en los primeros meses de su hermano, Rubén, dijo que las investigaciones se entregaron a la Procuraduría General de la República e inició todo por la denuncia de la desaparición de una persona y cuyo responsable fue el llamado "Z40", Miguel Angel Treviño Morales.
Las declaraciones de Torres Charles contradicen declaraciones de Rubén Moreira Valdez en torno a la masacre de Allende, ya que el gobernador coahuilense ha dicho en reiteradas ocasiones que hasta que él entró a gobernar ordenó se iniciará la investigación correspondiente.
En tanto, el ex funcionario estatal dijo que desconoce qué giro le dio la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada a las indagatorias, pero confía que tras la detención del "Z 40" se investiguen las desapariciones ocurridas en el norte de Coahuila.
En la investigación, aseguró, se logró saber que el "Z 40" ordenó desaparecer a una persona, y posteriormente varias más, a causa de un compromiso no cumplido y al ser responsabilidad de importantes personajes de la delincuencia organizada, se dejó en manos de la PGR la investigación.
Torres Charles sostuvo que en la comisión de dichos delitos no hubo participación de elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado o la llamada posteriormente Fiscalía General.
En lo que concierne al caso de su hermano, Humberto Torres Charles, quien era buscado por la PGR al ser vinculado como uno de los varios funcionarios estatales que recibía dinero del crimen organizado para brindar protección a delincuentes, afirmó que se han interpuesto denuncias ante el órgano interno de la PGR y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Aunque su hermano no fue detenido, se ofreció una recompensa de tres millones de pesos para localizarlo, mientras que otros funcionarios estatales y federales recuperaron su libertad.
