Avala Corte facultad de PGR para rastrear celulares cuando víctimas estén en peligro

México, DF 17 de Enero 2014.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionales las normas que otorgan a la Procuraduría General de la República la facultad para solicitar a los concesionarios en materia de telecomunicaciones (PGR) la localización en tiempo real y sin autorización judicial, de dispositivos móviles de telefonía celular e internet, pero con una serie de restricciones para evitar abusos por parte de los Ministerios Públicos Federales. 

Al presentar un proyecto modificado conforme a la interpretación del artículo 16 constitucional, la ministra Beatriz Luna Ramos explicó que las restricciones para limitar el derecho a la privacidad que implican las llamadas leyes de geolocalización, son la extrema urgencia del caso, la posibilidad de que la víctima esté en peligro de muerte o de que su integridad física se encuentre en riesgo y el peligro de que el objeto del delito desaparezca. 

Luna Ramos agregó que el propio Código Federal de Procedimientos Penales limita el uso de esta facultad a la investigación de delitos graves como privación ilegal de la libertad o secuestro, delitos contra la salud, lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que las normas impugnadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través de una acción de inconstitucionalidad, no son violatorias de las garantías fundamentales de la persona. 

De esta manera y luego de cuatro sesiones de debate, el Máximo Tribunal del país declaró la validez de las llamadas leyes de geolocalización, es decir, del artículo 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales, así como de los artículos 16  fracción primera, apartado “a”, y 40 Bis, de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

Los ministros que votaron en contra del proyecto por considerar que si se viola la privacidad de las personas son Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls Hernández y José Ramón Cossío, los cuales expresaron su rechazo a que la localización en tiempo real de dispositivos móviles se pueda dar sin autorización judicial, argumentando que se violan los derechos humanos y se pone en duda el debido proceso durante la investigación.