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México, DF 10 de Enero 2014.-Un juez federal concedió a la Procuraduría General de la República (PGR) una orden de arraigo hasta por 40 días en contra de los tres presuntos anarquistas que el pasado 5 de enero atacaron con bombas molotov un inmueble de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y una agencia automotriz, provocando daño a seis vehículos y la fachada del edificio.
De acuerdo con fuentes de la PGR, las dos ciudadanas canadienses y el mexicano que fueron detenidos tras el ataque, fueron arraigados mientras se investiga su probable responsabilidad en los delitos de sabotaje y delincuencia organizada, por lo que fueron ingresados al Centro de Investigaciones Federales de esa dependencia que se ubica en la colonia Doctores, perímetro de la Delegación Cuauhtémoc.
La decisión de la PGR de imputar cargos de delincuencia organizada contra integrantes de colectivos anarquistas es inédita, ya que desde el 1 de diciembre del 2012, cuando hubo disturbios por la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto, hasta la fecha, jamás se había usado este delito contra los simpatizantes de dicho movimiento.
Las mujeres de origen canadiense que están bajo la medida cautelar son Fallon Poisson Rouiller y Amélie Pelletier, al igual que el mexicano Carlos López Marín, mismos que fueron detenidos el pasado 5 de enero tras el ataque a las instalaciones de la SCT.
De acuerdo con las autoridades capitalinas, en el ataque ocurrido la medianoche del 5 de enero en la esquina de Insurgentes Sur y Detroit, colonia Nochebuena, Delegación Benito Juárez, participaron seis personas que arrojaron cuatro bombas molotov contra la sede de la SCT, causando daños a seis unidades de la agencia Nissan que se encuentra en el mismo inmueble.
Tras arrojar los artefactos incendiarios, tres de los presuntos anarquistas se dieron a la fuga por el Parque Hundido, mientras que los ahora arraigados fueron capturados en la esquina de Porfirio Díaz e Insurgentes Sur, a una cuadra del incidente.
El Secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida, dijo al momento de su captura, estas personas portaban botellas con líquidos inflamables en sus mochilas, así como ropa con restos de sangre, por lo que fueron remitidas ante un Ministerio Público de la Procuraduría Capitalina.
Sin embargo, un día después dicha dependencia declinó competencia por tratarse de una instalación federal, por lo que PGR asumió la investigación del caso.
Ante un Ministerio Público Federal, las dos mujeres canadienses y el ciudadano mexicano se reservaron su derecho a declarar.
Las autoridades federales señalaron que ambas mujeres han contado desde el inicio con asistencia consular para garantizar el respeto a sus derechos humanos.
