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México, DF 26 de Diciembre 2013.-Luego de que se divulgara que el presidente municipal de Tepehuacán Guerrero, en el estado de Hidalgo, Hilario Mendoza, propinó una golpiza a su esposa, provocándole entre otros daños, fracturas en la mandíbula, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, demandó que se apliquen las sanciones que haya a lugar contra el funcionario local.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), subrayó que ninguna agresión contra las mujeres puede quedar impune al amparo del poder.
La diputada Alavez Ruiz recordó que los delitos de género están debidamente tipificados, por lo que recomendó al edil de extracción priísta separarse del cargo a la brevedad, para someterse al proceso judicial respectivo.
Enfatizó que ningún cargo público puede ser utilizado como parapeto, para justificar, dejar impunes y cubrir agresiones como la proferida por el munícipe priísta, contra una mujer, que resultó ser la titular del DIF municipal y su propia esposa.
Por ello, dijo, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR), deberían tomar cartas en el asunto.
Exhortó al secretario Miguel Osorio y al procurador Jesús Murillo, que también son hidalguenses, a no dejar pasar por alto las acciones de su paisano.
“Como mujer y legisladora, no podemos permitir estos abusos contra mujeres, sobre todo cuando se cometen al amparo el cargo público”, recalcó, al advertir que desde la Cámara de Diputados se velará porque la justicia hidalguense cumpla su deber y aplique la ley al presidente municipal “golpeador”.
Enfatizó que toda autoridad gubernamental, al asumir el cargo, se compromete a respetar y hacer respetar la ley, por lo que tras el delito cometido, el munícipe debería renunciar y enfrentar los cargos en su contra, sin intentar utilizar sus influencias para salir librado “porque eso lacera aún más a la sociedad”.
Al expresar su indignación por lo sucedido a la señora María Virginia Ortiz, la diputada del Sol Azteca recriminó que el agresor esté en calidad de “ilocalizable”, como han argumentado las autoridades del estado.
“Es un mal mensaje para la población, la lentitud con la que se está actuando y que permitió a Hilario Mendoza evadir, hasta el momento la acción de la justicia”, cuando debería enfrentar las consecuencias de sus actos.
Subrayó que México ha signado tratados internacionales de protección a las mujeres y combate a la violencia de género, por lo que la autoridad en Hidalgo y a nivel federal, ya debían haber aplicado los protocolos correspondientes.
Ello, abundó, para hacer valer la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la Convención Belem do Para, que establece que los estados deben condenar todas las formas de violencia contra la mujer y emprender las acciones pertinentes e inmediatas para desterrar dichas prácticas.
