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México, DF 12 de Diciembre 2013.-Impera la impunidad tras dos años de graves violaciones a los derechos humanos de estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa, Guerrero, incluidos los homicidios de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, destaca el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Guerrerense, Tlachinollan.
"Las agresiones se derivaron del uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de una manifestación estudiantil. Estos lamentables hechos "no van de la mano con avances en el esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y la adopción de medidas de no repetición", alerta Tlachinollan al reclamar que a dos años de los hechos, "estos permanecen en la más absoluta impunidad".
El 12 de diciembre de 2011, la Policía Federal de la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero "hicieron un uso desproporcionado de la fuerza pública para responder a una manifestación estudiantil de alrededor de 300 normalistas de Ayotzinapa, de entre 18 y 22 años, quienes demandaban una audiencia con el Gobernador Ángel Aguirre Rivero. Se acreditó en las investigaciones que, en el operativo, participaron al menos 168 elementos policiales de la Policía Federal, de la Policía Ministerial estatal y de la Policía Estatal Preventiva, de los cuales 91 portaban armas de fuego. La investigación posterior comprobó que al menos 24 de estas armas fueron disparadas en los hechos, involucrando a todas las corporaciones policiales presentes; también se verificó que ningún manifestante acudió armado.
Como consecuencia de este operativo, fueron ejecutados extrajudicialmente Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; también fue privado de la vida el señor Gonzalo Rivas Cámara. Además, fueron detenidas arbitrariamente 24 personas; y un estudiante de 19 años fue violentamente torturado por la Policía Ministerial guerrerense, en un fallido intento de imputarle dolosamente la portación de un arma de fuego.
Pese a las evidencias, a dos años de que ocurrieron los hechos "ningún funcionario público ha sido penalmente sancionado. Dos Policías Ministeriales fueron acusados de haber disparado contra los estudiantes, pero en abril de 2013 obtuvieron un amparo contra el Auto de Formal prisión que les fue dictado y hoy se encuentran en libertad. En cuanto a la tortura y el intento de encubrir lo ocurrido fabricando culpables de entre los estudiantes detenidos, ningún servidor público ha sido sancionado.
"Quienes en su momento fueron separados de las instituciones implicadas como sanción política, poco a poco han vuelto se han reincorporado a la función pública. La impunidad se ha consolidado", critica Tlachinollan.
