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México, DF 14 de Noviembre 2013.-La Secretaria de la Función Pública denunció ante el Ministerio Público por el presunto delito de coalición de servidores públicos a siete ex funcionarios de Tabasco durante el gobierno de Andrés Granier, cuatro ex empleados de la Comisión Nacional de Vivienda y al ex edil del municipio tabasqueño de Centro por incumplir con un convenio para construcción de 2 mil 500 viviendas destinadas a damnificados por las inundaciones de 2007.
En un comunicado, Función Pública indicó que en la investigación “se acreditó que la Conavi y autoridades del Instituto de Vivienda de Tabasco suscribieron un convenio de colaboración el 14 de diciembre de 2007, para la adquisición de suelo, urbanización y construcción de 2 mil 500 viviendas, en un predio de 51.35 hectáreas, con el propósito de resarcir los daños ocasionados a habitantes de 17 municipios de la entidad, debido a las inundaciones registradas en octubre de ese daño”.
Para ello, la Conavi aportaría 350 millones de pesos y el Estado agregaría 38.5 millones de pesos. A diez días de haberse firmado el acuerdo, la Conavi realizó la transferencia del dinero a la Secretaría de Finanzas estatal, la cual a su vez, canalizó los recursos al Invitab, hasta agosto de 2008.
El Invitab con autorización de su Consejo de Administración, adquirió cinco terrenos con una superficie superior a las 169 hectáreas, por un monto de 239.4 millones de pesos, situación que se apartó de los términos pactados de urbanización y construcción de las viviendas.
Posteriormente, el propio Invitab solicitó al Comité de Obra Pública Federal autorizar la adjudicación directa de la construcción a una inmobiliaria y efectuar el pago con cuatro de los cincp predios adquiridos; dicho organismo federal se declaró incompetente y sugirió recurrir al Consejo de Administración del Invitab, organismo que finalmente autorizó la adjudicación y la forma de pago.
De esta forma, el organismo de vivienda estatal y la empresa constructora firmaron el acuerdo correspondiente, mediante el cual la inmobiliaria se comprometía finalmente a construir solamente mil 338 viviendas.
En 2011, al no haberse cumplido el convenio original, los funcionarios involucrados, tanto federales como estatales, signaron un nuevo documento de transacción, para convalidar las diversas irregularidades en su desempeño, pese a que en enero del mismo año, la Conavi solicitó al Invitab el reintegro de los recursos federales y sus cargas financieras.
Señalar que los funcionarios denunciados son: ex secretario de Administración y Finanzas de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda; el ex secretario de Asentamientos y Obras Públicas, Héctor López Peralta; y el ex Secretario de la Contraloría, Roger Pérez Evoli y al ex edil de Centro; Evaristo Hernández.
Así como al ex director general de Comisión Nacional de Vivienda, Ariel Cano; al ex subdirector General de Fomento de Suelo para la Vivienda y Enlace con los Estados y Municipios y al ex Subdirector General de Política de Vivienda y Esquemas Financieros; así como a dos ex coordinadores generales de Asuntos Jurídicos.
Mientras que del Invitab está el ex director General y a su sucesora; al ex Secretario de Asentamientos y Obras Públicas y Presidente del Consejo de Administración; al ex Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y al ex Primer Vocal del Consejo de Administración.
