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Redacción/Noventa Grados
México, D.F 3 de Mayo 2013.-En la Cámara de Diputados, se alista la reunión entre legisladores integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales y el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para iniciar el trabajo de vigilancia sobre los 14 procesos electorales próximos y así, evitar que se repita lo ocurrido en Veracruz y la operación para utilizar los recursos y programas públicos en beneficio del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Asimismo, la bancada del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro, advirtió que estará atenta y vigilante a los trabajos de la Comisión de Programas Sociales.
El diputado Manuel Huerta, agregó que su fracción estará al tanto de que en el caso Veracruz, haya sanciones a los funcionarios públicos involucrados; así como en el resto de las entidades donde se presenten ese tipo de delitos.
En tanto, el presidente de la Comisión de Programas y miembro de la fracción del Movimiento Ciudadano (MC), José Francisco Coronato, informó que será el próximo lunes 6 de mayo, en las oficinas de Bucareli, donde se llevará a cabo la reunión entre diputados federales y el secretario Osorio Chong.
Coronato Rodríguez añadió que entre los planes de la instancia su cargo, está solicitar un encuentro con el Procurador General de la República, Jesús Murillo, para pedir que inicien las investigaciones sobre las denuncias presentadas por el caso Veracruz.
De igual modo, puntualizó, se buscará dialogar con la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Rosario Robles, para analizar los perfiles de sus delegados estatales, en especial en la entidad gobernada por el priísta Javier Duarte; así como en los otros 14 estados donde habrá elecciones.
Mientras las reuniones con los funcionarios federales se concretan, indicó el diputado Coronato, detalló que durante mayo y junio, miembros de la Comisión Especial realizará visitas y recorridos a los 14 estados con elecciones, para implementar acciones conjuntas con instituciones de gobierno y la sociedad civil, a fin de frenar intentos de uso de recursos y programas con fines electorales.
