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Kiev, Ucrania, a 08 de abril de 2014.- Una tensa situación se vive en Ucrania ya que partidarios prorrusos han tomado edificios gubernamentales en las ciudades de Donetsk y Lugansk, exigiendo un referéndum para la posterior anexión de sus ciudades a Rusia.
Los manifestantes, que proclamaron ayer la independencia de esta región rusoparlante de Ucrania y convocaron a un referéndum para su adhesión a Rusia, protegen el acceso a la sede gubernamental con dos barricadas construidas con neumáticos, madera y cubos de basura, según informan medios locales.
Los activistas, vigilados por apenas una decena de agentes del orden, han rociado los neumáticos con un líquido inflamable, listo para encender si se produce el asalto de las fuerzas del orden.
También han levantado pequeñas barricadas alrededor de todo el edificio cuyo perímetro protegen pequeños grupos de manifestantes con la cara oculta con máscaras y armados con bates de béisbol.
Mientras tanto, en Lugansk, en otros 500 activistas prorrusos que ocupan la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, antiguo KGB), también han construido barricadas alrededor de ese edificio, reforzadas con sacos de arena y vallas.
Sobre esto, el SBU ha comunicado que "los separatistas mantienen a la fuerza a unos 60 ciudadanos, a los que no dejan salir del edificio para regresar a sus casas".
Además aseguran que Los ciudadanos prorrusos armados que tienen ocupada la sede del SBU en la ciudad oriental de Lugansk "han plantado minas y mantienen a unas 60 personas como rehenes".
Los concentrados frente a la sede del SBU han manifestado hoy su intención de seguir el ejemplo de sus compañeros de Donetsk: proclamar la República de Lugansk, crear su propio Parlamento y elegir a sus diputados.
En este sentido, la Presidencia de Ucrania advirtió hoy que usará la fuerza si los prorrusos no desalojan los edificios oficiales que han tomado en Donetsk y Lugansk.
Cabe señalar que La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania aprobó hoy una serie de enmiendas que endurecen las penas por delitos contra el Estado y castigan con hasta quince años de prisión o presidio perpetuo las acciones separatistas que conduzcan a la muerte de personas o tengan consecuencias graves.
