Propuesta de Amnistía Internacional de ley sobre fuero militar no terminaría con impunidad

México, D.F 28 de Septiembre 2013.-Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones defensoras de derechos humanos demandaron a los senadores que dictaminan la reforma al Código de Justicia Militar, corregir el anteproyecto en la materia, con el propósito de acabar con la impunidad y establecer que aquellos integrantes del Ejército y la Marina que cometan delitos graves contra ciudadanos sean juzgados, desde el inicio del proceso, por tribunales civiles.

Daniel Zapico, representante de AI en México; Miguel Álvarez Gándara, del Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otros, dijeron a los senadores de la Comisión de Justicia que el anteproyecto de dictamen a discusión no cumple cabalmente con las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con sentencias de tribunales internacionales.

"Si el Senado desaprovecha esta oportunidad con reformas parciales que no garanticen la justicia en todas las violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército, significará tiempo perdido y garantizará la repetición de los abusos", insistió Zapico.

Durante la cuarta audiencia organizada en torno a las reformas al Código de Justicia Militar –organizada por la Comisión de Justicia, que preside el panista Roberto Gil Zuarth–, expuso que desde hace 50 años AI ha documentado casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército, y la mayoría permanecen en la impunidad gracias a la jurisdicción militar, "es decir, gracias al privilegio de investigarse y juzgarse a sí mismos".

Zapico señaló que en ese anteproyecto de dictamen se tipifica la desaparición forzada de personas, pero la redacción hace casi imposible que un funcionario o servidor público que haya cometido ese delito de lesa humanidad pueda ser condenado.

Pidió que se reformen también los artículos 435 y 740 del citado código, para establecer claramente que sea la justicia ordinaria la que decida sobre la competencia jurisdiccional militar en este tipo de casos.
Representantes de Fundar, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez coincidieron con esa postura y demandaron que se deroguen del código "delitos que agravian a civiles" y que se consideran dentro de faltas contra la disciplina militar, como el maltrato a prisioneros o detenidos, contrabando, saqueo o violencia contra las personas.

El anteproyecto de dictamen incluye ese catálogo de delitos, "lo que permitiría que en ciertos casos la jurisdicción militar conozca de casos en que hay civiles involucrados".
Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se refirió a las facultades de la nueva Policía Ministerial Militar, y consideró que este cuerpo de investigación debe estar acotado a los delitos del sector castrense.