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Redacción / Noventa Grados
Morelia, Mich; 17 de enero de 2013.-Debido a los relevos que se llevaron a cabo en el segundo día del nuevo año de la LXXII Legislatura local, se le impidió la entrada a 76 trabajadores y tuvieron que permanecer en la calle, en la Auditoría Superior de Michoacán, bajo el argumento de que ya no estaban registrados en el sistema, y por seguridad se negaba su acceso.
Se inició la remoción de personal de confianza heredado por pasadas legislaturas; el caso más significativo fue el de Xavier Tavera Alfaro, quien por décadas estuvo al frente del Archivo del Poder Legislativo y quien había tenido diferencias con la diputada Ana Gabriela Ceballos Hernández, presidenta del Comité Editorial, Biblioteca y Archivo, por los criterios que ella proponía para el manejo de la documentación histórica del Poder Legislativo.
Uno de los relevos de los que si se tenía conocimiento era el del titular de la Coordinación de Comunicación Social. Enrique Alcázar -quien hasta hace unos días era el vocero del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información- fue quien asumió el cargo, comprometiéndose a un trato respetuoso con los medios de comunicación y difundir la actividad legislativa de la Cámara.
Paralelamente, en diferentes áreas, la entrada del personal de confianza de los actuales legisladores se hacía efectiva, esto a partir del reparto de espacios previamente acordado por las fracciones parlamentarias.
Todo esto sucede mientras la Cámara está emplazada a huelga por aumento salarial, y la solicitud de un sindicato independiente por ser reconocido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Carina Oropeza Galván, quien se acreditó como representante del Sindicato Independiente del Poder Legislativo, informó que los afectados son 76 auditores y empleados, quienes hasta el momento no han recibido oficio alguno sobre su cese.
Señaló que tales despidos son en respuesta a su intención de conformar un sindicato independiente para el Poder Legislativo, y aunque reconoce que son empleados de confianza señala que tienen derechos laborales adquiridos durante todos estos años de trabajo.
Informó que a más tardar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá resolver en febrero si otorga o no el reconocimiento al nuevo sindicato.
A su vez, Rogelio Andrade, líder sindical de los trabajadores del Congreso, entrevistado a propósito de los relevos en la Cámara, consideró necesario que los legisladores reconsideren la instrumentación del Servicio Parlamentario de Carrera, ya que al suprimirlo, a los trabajadores de base que cuentan con el perfil profesional adecuado, se les dejó imposibilitados a ascender en los espacios y, por el contrario, les toca asesorar y enseñar a los funcionarios que nombren los diputados cómo hay que hacer la labor de cada área.
Exteriorizó que actualmente el Poder Legislativo se encuentra emplazado a huelga, la fecha inicial era el 1 de enero, pero se recorrió para el próximo día 28; la exigencia es por incremento salarial y algunas prestaciones, y en estos momentos se encuentran en negociaciones con la parte patronal.
Actualmente, son 300 los empleados basificados, y de estos hay 40 que están a la espera de formar parte del sindicato. Asimismo -y de acuerdo con los datos de Andrade- son 150 trabajadores asimilables heredados por la pasada Legislatura.
El presidente del Congreso, Fidel Calderón Torreblanca, calificó como normales los cambios, y señaló que esta situación ocurre normalmente en otros poderes como el Ejecutivo, “ésta es una segunda etapa porque durante el primer año de la Legislatura también se hicieron cambios, esto para que los diputados cuenten con el personal que consideren pertinente para el desarrollo de sus labores”.
