La nueva figura de juez de ejecución de sanciones penales garantizará los derechos humanos de los sentenciados

Redacción / Noventa Grados

Morelia, Mich; 19 de septiembre de 2012.- Garantizar la legalidad, transparencia y agilidad de los procesos de ejecución, así como hacer respetar los derechos humanos de internos y sentenciados,

serán las principales funciones del juez de ejecución de sanciones penales, comentó Félix Francisco Cortés Sánchez, juez en la materia, adscrito a Morelia.

En charla sostenida con medios de comunicación, Cortés Sánchez explicó que esta nueva figura –emanada de la reforma penal de 2008- es la figura jurisdiccional responsable de resolver lo relativo a la modificación y duración de las sanciones penales, una vez impuestas por la autoridad judicial competente.

Es fundamental señalar que antes de la entrada en vigor de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán de Ocampo, el 15 de junio de 2011, la autoridad competente para regular la ejecución de las sanciones penales era la propia autoridad administrativa de los centros de reinserción social, es decir, la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública.

En cuanto a garantizar los derechos humanos, Cortés Sánchez comentó que con la expedición de la citada ley, la institución responsable de vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad, así como respeto de los derechos de toda persona sentenciada o imputada en prisión preventiva, es el Poder Judicial de Michoacán, a través de los jueces y juezas de ejecución de sanciones penales.

Cortés Sánchez indicó que esta nueva figura, dará seguimiento a todos los casos desde que se dicta la sentencia ejecutoria, hasta que se cumpla la pena, “con ello se garantiza que cualquier resolución que se dicte en ambos casos sea transparente y sujeta a la revisión por parte de los magistrados a través del recurso de apelación”. Es decir, ahora será un órgano jurisdiccional a través de un procedimiento formal el que decida cuándo un sentenciado tiene derecho o no a un beneficio o sustitutivo penal.