Presenta legislador iniciativa para bloquear señales de telefonía celular en los penales

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Fecha: 20 de Mayo de 2014 a las 21:27:15

Morelia, Mich., a 20 de mayo de 2014.- Rigel Macías Hernández, diputado local, presentó en Sesión de este día, una iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 63 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, argumentando que la extorsión es de los delitos que en los últimos años han cobrado mayor importancia a nivel nacional en temas de seguridad, de ahí la necesidad de que se planteen soluciones a dicho fenómeno delictivo por parte de los entes encargados de seguridad pública.

Una de las formas de extorsión que más se realizan a nivel nacional, señaló, es a través de las llamadas telefónicas, su complejidad radica en la vulnerabilidad de las víctimas al recibir llamadas telefónicas de gente extraña, y llevar con éstos un dialogo, que es aprovechado para conseguir información básica de sus víctimas, pero también conlleva a que los delincuentes tengan la oportunidad de infundir miedo en las victimas.

Este fenómeno que nació hace más de una década, apuntó, sigue en ebullición y el 80 por ciento de estas llamadas salen de los penales según algunas organizaciones civiles. En los últimos años, la Policía Federal atendió 310 mil 691denuncias por extorsiones telefónicas que se llevaron a cabo en las 31 entidades federativas y en el distrito federal.

Los datos del gobierno federal indican que de la cifra anterior, en 15 mil 226 casos la victima entrego una gran cantidad de dinero a los extorsionadores, mientras que en 295 mil 465 casos no se pagó el monto acordado por la intervención de las autoridades o porque la víctima no cayó en el engaño de los criminales. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica revelan que entre 2006 y 2012 la extorsión creció en el país un 160%.

Durante el último año, las instituciones encargadas de la procuración de justicia del país reportaron un aumento en este tipo de delitos, además, la policía federal estableció que la mayoría de las llamadas que se realizan para cometer este tipo de delitos se llevan a cabo desde el interior de las cárceles que administran los estados.

Por lo anterior, Rigel Macías Hernández consideró que era necesario y urgente un proyecto de inhibidores de señal de telefonía celular, “con el objetivo de romper el vínculo de los internos con las organizaciones criminales, eliminando así la operación delictiva desde el interior de los penales”.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Justicia y Seguridad Pública y Protección Civil para su estudio, análisis y dictamen.