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Redacción/ Noventa Grados
Morelia, Mich.- 20 de agosto 2013.- Los 40 integrantes de la autodefensa de Aquila, sobre los que pesan acusaciones de delincuencia organizada, acopio y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, serán defendidos legalmente por el abogado del profesor Alberto Patishtán, Leonel Rivero, quien afirmó que su detención tiene tintes políticos y es un mensaje que el Estado pretende enviar a otros grupos de civiles que han tomado las armas para hacerse cargo de su propia seguridad.
El encargado de la política interior en Michoacán, Jaime Mares Camarena, informó que la Secretaría de Gobernación solicitó al gobierno del estado que atienda a un grupo de familiares de los detenidos.
La petición del gobierno federal se hizo llegar al subsecretario de Gobierno en el estado, Fernando Cano Ochoa, por lo que Jaime Mares puntualizó que si las familias de los detenidos tienen el deseo de ser atendidos por el estado “abriremos las puertas de la Secretaría de Gobierno para que puedan plantearnos sus inquietudes y peticiones”.
El día de ayer Leonel Rivero se trasladó a Veracruz para emprender la defensa de los recluidos en el penal federal de Villa Aldama. En entrevista con Carmen Aristegui, el abogado pidió al Poder Judicial que respete el debido proceso, toda vez que durante su estancia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no se permitió a los indígenas que fueran asistidos por un representante legal mientras rendían su declaración.
Mares deslindó al gobierno estatal del cauce que ha tomado el proceso de los 40 indígenas nahuas, pues subrayó que “es un asunto de carácter federal sobre el cual estamos tratando de averiguar en qué condiciones fueron dictados los autos de formal prisión; todavía no tengo la precisión de la información, pero les puedo adelantar que 24 de ellos están consignados por delitos graves y 16 por delitos no graves”.
El pasado jueves los líderes de los grupos de autodefensa de Tepalcatepec, Buenavista, Aguililla y Coalcomán se reunieron con representantes de los gobiernos federal y estatal para exigir la liberación de sus compañeros de Aquila y La Ruana.
El secretario de Gobierno dijo que otras demandas de las autodefensas tienen que ver con programas sociales, de auxilio a productores y sectores sociales de la región, así como mantener la mesa de diálogo.
Aunque el titular del Ejecutivo estatal ha reiterado que la liberación de los 45 indígenas (incluidos los líderes comunales recluidos en el Cereso David Franco Rodríguez) no está sujeta a negociación, el encargado de la política interior aseveró que “el gobierno del estado, en particular el gobernador Jesús Reyna, y el gobierno federal estamos en la posibilidad de escuchar cuantas veces sea necesaria la inquietud de estos líderes para encontrar alternativas institucionales que nos permitan despresurizar la zona con programas sociales del estado y la federación, con el objetivo de responder a la demanda ciudadana, fortalecer las instituciones y que se normalice la situación”.
