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Redacción/ Noventa Grados
Morelia, Mich.-18 de junio 2013.- La Ley de Coordinación Fiscal, en virtud de la cual sólo llegan a los ayuntamientos cuatro centavos de cada peso recaudado por la federación, ha provocado una crisis generalizada en la mayoría de los municipios del país, y en el contexto local la situación se agrava con la falta de liquidez en la administración estatal.
Por ello el coordinador de los alcaldes priístas, Aldo Macías Alejandres, advierte que “todos los municipios, sin excepción de partidos o colores, a partir del mes de septiembre no vamos a tener ni para pagar la nómina”.
Alcaldes de todo el país salieron con mal sabor de boca de la reunión que tuvieron en mayo con Enrique Peña Nieto en León, Guanajuato, pues ante la demanda de que la federación entre al rescate de las administraciones municipales en crisis, el Presidente dijo que se les apoyará en la misma medida en que logren ampliar su base de contribuyentes y aumentar la recaudación. Sin embargo, el cobro de impuestos no es cosa sencilla en los municipios rurales que, por cierto, son mayoría en el país, y sobre los cuales Chiapas da un claro ejemplo de la problemática financiera que les es común, pues más de la mitad de sus ayuntamientos se ha declarado en quiebra.
Aldo Macías, presidente municipal de Uruapan, compartió que después de diversas pláticas con los coordinadores de alcaldes de PRD, PAN y PT, concluyó que todos tienen el mismo problema: “no tenemos liquidez. Incluso hay municipios que no tienen para pagar nómina ni los servicios básicos como telefonía o energía eléctrica”. También coinciden en que el sistema de participaciones federales no ha beneficiado en nada a los estados y mucho menos a los municipios.
Alejandro Mendoza Olvera, edil de Salvador Escalante, asegura que el Ayuntamiento “en este momento está en bancarrota, en quiebra”, toda vez que no tienen recursos para pagar la nómina. “Entonces le vamos quitando dinero al siguiente mes y eso no es sano. No quiero pensar que a finales de octubre ya tengamos comprometidas las participaciones de noviembre y diciembre, eso sería terrible porque tenemos que pagar las prestaciones de fin de año”.
Añadió que muchos municipios están echando mano del Fondo III –cuyos recursos deben invertirse exclusivamente en obra pública– para poder pagar la nómina, y no descarta que en el mediano plazo tenga que hacer lo mismo para cubrir el gasto de un millón 800 mil pesos en salarios al mes: “estamos haciendo lo imposible, pero no hay forma de salir de este problema; ojalá hubiera sensibilidad de la federación por echarnos la mano y rescatar a los municipios”, dijo Mendoza Olvera.
Al parecer, la Ley de Coordinación Fiscal mantiene atrapados a los municipios en un círculo vicioso, pues su alternativa para generar circulante en sus localidades es el desarrollo de obra pública, pero la falta de liquidez en sus gobiernos no les permite aportar el paripasu que exigen estado y federación.
Todo mundo trae proyectos bajo el brazo, pero cuando tenemos que poner la contraparte económica es cuando sufrimos porque hay muchos municipios que no tenemos la capacidad de participar en obra pública.
Salvador Torres Mora, edil de Tancítaro, dijo por su parte que los recursos suelen invertirse en las grandes infraestructuras de las principales ciudades, mientras que “a los municipios más chicos los van dejando en el olvido, porque todo se va concentrando donde el movimiento económico y político es más grande. ¡ Siempre va a pesar lo electoral!”.
Macías Alejandres añadió que con la Ley de Coordinación Fiscal, gracias a la cual el dinero que corresponde a los municipios tiene que pasar a través del gobierno estatal, “si el estado tose a nosotros nos da pulmonía”, y explicó que los ayuntamientos arrastran deudas con contratistas desde 2011 y 2012. “Muchos municipios ya les pagaron con recursos propios, pero no han recibido ese dinero de parte del estado y en consecuencia están paralizados”, subrayó.
Desesperados, los alcaldes han seguido la pauta marcada por el gobierno del estado, que ha implementado un plan de austeridad, obligado en buena medida por las instituciones bancarias que para otorgar créditos ponen como condición que reduzca el gasto corriente, aunque para ello tengan que recurrir al recorte de personal.
El Ayuntamiento de Tancítaro, al iniciar el actual periodo de gobierno, hizo recorte de personal, aunque pasados los días tuvo que recontratar a empleados que sí eran necesarios en la función pública. También busca aplicar un plan de austeridad en el gasto, “aunque es difícil porque el municipio es muy grande, y si bien es cierto que tenemos una amplia zona aguacatera, también tenemos una zona muy pobre”, puntualizó Torres Mora.
En Salvador Escalante se trabaja sobre tres estrategias: “reducción de personal que no se ha puesto la camiseta, ya lo estamos haciendo y llevamos como unos 30 despedidos; la otra medida es la austeridad, queremos ahorrar alrededor de 80 mil pesos mensuales, y finalmente buscamos fortalecer la recaudación para aumentar el ingreso en un millón y medio de pesos, aproximadamente. Estamos tomando medidas drásticas pero muy responsables que nos permitan subsistir”, dijo el alcalde.
