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Redacción/Noventa Grados
Morelia, Mich.- 30 de mayo 2013.- Durante el sexenio de Felipe Calderó, se posicionó a Michoacán entre los primeros lugares del país con casos de desapariciones forzadas, esto conforme a datos de organizaciones como el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México “¡Alzando Voces!”, o la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, quienes a finales de 2012 posicionaban a la entidad a la cabeza de la lista nacional.
Destacaban en gravedad a los municipios de Puruándiro, Morelia, Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Jacona, Jiquilpan, La Piedad, Los Reyes, Maravatío, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zacapu y Zamora.
Los datos del Comité reportan que entre 2010 y 2012, en Michoacán se documentó la desaparición forzada de al menos 128 personas, y durante todo el sexenio calderonista fueron más de 600 las víctimas en tierras michoacanas.
Para 2011, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó más de 600 canalizaciones para la localización de personas ante la Procuraduría del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección de Prevención y Reinserción Social y la Cruz Roja. De ese total son 275 las catalogadas como desapariciones.
De acuerdo con los datos de la CEDH, ese año Tamaulipas, Veracruz, Colima y Tijuana eran los estados en que se registraban las desapariciones de michoacanos.
Esta situación derivó incluso que en 2012 el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Misión a México, del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, presentara en Michoacán un informe con los resultados de la visita realizada en marzo de 2011 a nuestro país para analizar el tema.
En octubre pasado, durante la XCVIII Sesión del Grupo de Trabajo celebrada en Ginebra, Suiza, se analizarían trece casos específicos de desapariciones en el estado.
En este contexto, en septiembre de 2012 en el Congreso local se presentó la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas para el Estado, promovida por el legislador perredista Eleazar Aparicio Tercero a partir del reclamo de organizaciones y familiares de desaparecidos.
En el documento se habla de la obligación que tienen las entidades federativas de armonizar el marco normativo del derecho interno respecto a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que México es parte, lo anterior para darle una operatividad real y efectiva a la protección de los derechos reconocidos internacionalmente.
La iniciativa subraya que dicho delito debe ser perseguido y castigado sin importar la jerarquía política ni la condición económica de quienes lo hayan cometido, penalizando tanto a sus autores materiales como a aquellos que lo ordenan.
