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MensajearMorelia, Michoacán, a 8 de septiembre del 2026.- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, denunció públicamente que existen presiones provenientes de distintas instancias, incluido "desde Gobierno del Estado", acciones que no descartó tengan el interés de buscar inestabilidad para intervenir en la autonomía de la máxima casa de estudios.
En rueda de prensa, desde las instalaciones de la UMSNH, la rectora expuso el estatus de la finanzas de la Universidad Michoacana, destacó que personajes externos pretenden meter en una “asfixia financiera” a la institución.
“Lo que quieren armar es una inestabilidad en nuestra universidad”, afirmó la rectora, quien cuestionó que, pese a la aprobación de una reforma constitucional que contempla el presupuesto pleno, la autonomía y otros derechos universitarios, continúen las presiones económicas y políticas contra la institución.
La rectora explicó que la reforma constitucional se sustentó en cuatro aspectos principales: pensiones y jubilaciones, democratización, autonomía y presupuesto pleno. Sin embargo, advirtió que aún existen dudas sobre el respeto a la autonomía universitaria, particularmente ante lo que calificó como una incidencia externa en decisiones que corresponden exclusivamente al Consejo Universitario.
De acuerdo con la explicación presentada durante la conferencia, el presupuesto pleno de la Universidad Michoacana asciende a alrededor de 5 mil 200 millones de pesos. De ese monto, 91 por ciento corresponde al pago de sueldos y salarios.
El nueve por ciento restante debe utilizarse para la operación de toda la institución, incluidos mantenimiento, infraestructura, equipamiento, entre otros aspectos.
Las autoridades universitarias indicaron que la Universidad debe recurrir a ingresos propios e ingresos generados por sus facultades, institutos, preparatorias y demás dependencias para hacer frente a gastos.
La rectora subrayó que esos ingresos no forman parte del convenio de recursos estatales y federales, por lo que cualquier pago extraordinario reduce la capacidad de la Universidad para atender sus necesidades operativas.
“Si alguien me pregunta cuánto nos costó la reforma constitucional, pues 69 millones de pesos”, expresó la rectora, al señalar que ese recurso no estaba contemplado en el presupuesto de 2026 y tuvo que obtenerse de ingresos propios.
A esta cantidad se suman otros 25 millones de pesos exigidos por un proveedor de administraciones anteriores, así como 40 millones de pesos derivados de un laudo a favor de 69 trabajadores, cuyo origen se remonta a una demanda presentada desde 2010.
La rectora cuestionó que las resoluciones judiciales no consideren la suficiencia presupuestal de la institución y advirtió que, en algunos casos, se han impuesto multas e intereses por la falta de pago inmediato.
“No estamos en contra de las personas que han llevado legalmente estos procesos; estamos en contra de las resoluciones que se están emitiendo semana tras semana para asfixiar a la Universidad”, sostuvo.
En la rueda de prensa la máxima autoridad universitaria señaló que habían guardado silencio por prudencia, "la autonomía se dirige y no se suplica no somos súbditos y la universidad no va a seguir soportando amenazas".
