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Redacción / Noventa Grados
El gobierno federal busca rehuir de su responsabilidad en la crisis educativa mexicana; busca responsabilizar a los maestros con la Evaluación Universal, coincidieron maestros de Michoacán y Oaxaca durante sendas entrevistas realizadas en el Zócalo de la ciudad de México.
Entrevistados antes de la gran marcha magisterial hacia la Secretaría de Gobernación, con la que se pretende que las autoridades acepten una mesa central de negociación, en la que participen los Secretarios de Educación y de Hacienda, el director general del ISSSTE y los gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, así como el jefe de Gobierno del DF, maestros de Lázaro Cárdenas, Arteaga, Maravatío y Morelia, además de Oaxaca, coincidieron en que la Alianza para la Calidad de la Educación no contribuye, de ninguna manera, a la mejora de la calidad educativa. Más bien, dijeron, tiene como objetivo central privatizar la educación en detrimento de la sociedad mexicana.
Alexandra y David (pidieron omitir sus nombres por razones familiares), de Arteaga, señalaron que ellos están terminando la educación normal. Para entrar fuimos examinados, para titularnos lo seremos nuevamente; “¿que clase de educación brinda el Estado si él mismo no responde a ella, si no asume ninguna responsabilidad?”.
Y aclararon, la Evaluación Universal ni siquiera tiene un objetivo claro en cuanto a mejoramiento de la calidad; implica sólo un intento para certificar a los maestros sin explicar mínimamente, cómo puede impactar en la calidad educativa.
Por su parte, Ramón Martínez, Ramón Juárez y Ernesto Robles, todos maestros de Oaxaca, en una entrevista colectiva, coincidieron en que el país enfrenta una seria crisis educativa. Pero su sentido no se encuentra en los maestros; tiene que ver con los planes y programas de estudio, con la pobreza, con las diferencias sociales y culturales no contempladas en esa planeación educativa que tiene que ver con las políticas de educación.
Ninguna prueba estandarizada, coincidieron, toma en cuenta las diversidades cultural, económica y geográfica del país; “sólo en Oaxaca existen muchos dialectos del Zapoteco”. Las condiciones escolares son diferentes de una región a otra, y por lo tanto las características educativas varían de una región a otra”.
Israel Martínez y Luis Soto, de Morelia y de Maravatío, respectivamente, señalaron que la Alianza por la Calidad Educativa (ACE), en cuyo marco se ubica la prueba Enlace y la Evaluación Universal, no está dirigida a mejorar el nivel educativo de México; “su propósito es privatizar la educación, pues en ninguna parte explica cómo incidir sus diferentes elementos, incluyendo la evaluación, en el mejoramiento del nivel educativo de México.
También coincidieron en la necesidad de una evaluación integral, una evaluación en la que participen estudiantes, padres de familia, alumnos, autoridades educativas, y cuyo objetivo sea mejorar las condiciones generales y particulares para lograr una educación de alto nivel.
José Lozano, de Lázaro Cárdenas, señaló que la Evaluación Universal ni siquiera tiene sentido; “la Constitución dice que una profesión la pueden ejercer quienes certifiquen que están calificados para ello. Y la certificación es el título universitario o de estudios superiores que recibimos, ¿desde cuándo dejó de servir el que obtuvimos en la normal, y por el cual hicimos un examen profesional?”.
Nuestra lucha, coincidieron todos, no es por un capricho ni sólo por la defensa de nuestros intereses; es por el bien de la población, es para forzar al gobierno federal a impulsar acciones que verdaderamente impacten por el nivel educativo. “De no manifestarnos, afirmó Ernesto Robles, ya se habría privatizado la educación, los estudiantes de Michoacán no tendrían útiles escolares gratuitos, ni zapatos escolares gratuitos ni otros logros sociales.
