Compartir
Twittear
Mensajear
Ciudad de México, a 14 de Junio de 2014.- Ricardo Astudillo Sánchez, vicegobernador del Partido Verde Ecologista (PVEM), propone sancionar a las escuelas públicas o privadas que no instalen bebederos de agua potable, con hasta cinco mil días de salario mínimo.
En su iniciativa, turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, indicó que México es uno de los principales consumidores de refresco en el mundo, incluso por encima de Estados Unidos, señalando que en el país el consumo de refrescos per cápita es de 163 litros al año.
Señaló además, que el costo de agua potable en México puede ser igual o mayor al de una botella de agua potable, situación que a decir del legislador, requiere una intervención inmediata del Estado.
En la propuesta presentada, plantea adicionar el artículo 75 de la Ley General de Educación, en la que se establezca como infracción de los prestadores de servicios educativos, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares.
Propone una sanción de hasta cinco mil días de salario mínimo o bien “la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente”.
Para el caso de las escuelas públicas que no cumplan con la instalación de bebederos en sus planteles, a pesar de haber sido beneficiadas con la asignación de presupuesto para tal efecto, acotó, se sugiere adicionar un segundo párrafo al artículo 11 de la Ley General de infraestructura Fisica Educativa para que la SEP pueda determinar reducciones en la ministración de recursos a dicho plantel, para incentivar el correcto ejercicio de los presupuestos asignados.
Explicó que las reformas a ese ordenamiento se llevaron a cabo considerando que México enfrenta un serio problema de salud pública por enfermedades relacionadas con el poco adecuado estilo de vida, caracterizado por la falta de activación física y mala alimentación.
El legislador del Partido Verde consideró que las políticas implementadas para revertir el problema no han dado resultados positivos, aumentando el número de personas con sobrepeso y obesidad, lo que en próximos años puede afectar la calidad de vida de la población y representar una carga financiera para el Estado.
