Sistema Anticorrupción de Michoacán, cumple al 100 por ciento con andamiaje legal y operativo: Estrada Esquivel

Morelia, Michoacán a 13 de marzo 2018.- “Michoacán se coloca junto al Estado de México, Querétaro y Tamaulipas como una de las entidades federativas que cumplen a cabalidad con los andamiajes legal y operativo para el funcionamiento del Sistema Local Anticorrupción”, resaltó la titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem), Silvia Estrada Esquivel. 

En ese sentir, la también integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, detalló que datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) refieren que sólo nueve entidades federativas cuentan con los instrumentos normativos necesarios y entre ellas se encuentra Michoacán, que a su vez, cumple con los cuatro pilares básicos: una Comisión de Selección, un Comité de Participación Ciudadana, un Comité Coordinador y una Secretaría Ejecutiva.

“La aspiración del Sistema Local Anticorrupción en la entidad es sentar las bases y los elementos prácticos que puedan servir para el combate a la corrupción e impunidad, lo cual implica, al menos, la tarea de homologar procesos y formatos, además de simplificar regulaciones; pero sobre todo, establecer la Plataforma Digital Nacional para generar información de calidad que permita entender el ‘modus operandi’ de la corrupción para poder atacarla, subrayó Estrada Esquivel, quien acertó que con la coordinación de los esfuerzos de las autoridades federales, estatales y municipales se pondrán prevenir, investigar y sancionar los delitos “no graves” y “graves”.

La titular del Órgano Estatal de Control resaltó que sobre los sistemas locales anticorrupción, “el SESNA observó que en Michoacán seguimos haciendo las cosas bien”; no obstante, dijo ser necesario garantizar que la ciudadanía vaya de la mano con el sistema, pues de otro modo, no funcionaría.

Por lo que, manifestó que para la administración pública, que encabeza el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, es vital la participación ciudadana en el combate a la corrupción y la impunidad y para ello, la necesidad de educar y valorizar a la población, ya que aumenta el grado de transparencia y rendición de cuentas.