"Reforma a Ley de Víctimas: acuerdo político que desampara a las víctimas"

iudad de México, a 4 de noviembre de 2016.- El día de ayer, supimos de la desaparición de otras cuatro personas en el municipio de Chilapa de la zona centro del Estado de Guerrero que se suman a las 170 que ha habido desde 2013 a la fecha; el día 1 de noviembre, mataron a mansalva a cuatro estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, jóvenes que iban en su vehículo del cual, sin ninguna explicación se bajaron para recibir la muerte; todos los días, familiares de personas desaparecidas en todo el país organizan brigadas de búsqueda de sus seres queridos en los cerros, en donde buscan fosas clandestinas.

Muertes dolosas, desaparecidos forzados o por particulares, miles de desplazados forzados y así podemos sumar las tragedias y atrocidades, y nosotros legisladores y legisladoras, estamos en este momento a punto de aprobar una reforma a la ley que debe proteger a las víctimas de las violencias sin el aval de las víctimas y retrocediendo en la mínima independencia que se había logrado obtener en la misma y en derechos ya adquiridos por las víctimas.

Nos dice el gobierno federal y las comisiones de dictamen que la ley no funciona y que la Comisión Ejecutiva no sirve como está, pero se les olvida decirnos que las ternas para nombrar a estos comisionados las enviaron de la Secretaría de Gobernación y que nosotros los elegimos, por lo que somos corresponsables de su no funcionamiento y también se les olvida a los del gobierno que la emisión del Reglamento de la Ley es una facultad exclusiva de la Secretaría de gobernación y que hicieron un reglamento contrario a la ley y precisamente para que no pudiera funcionar.  Con tan sólo modificar el reglamento podría funcionar la ley. 

Voy a votar en contra de esta reforma porque, independientemente de reconocer que hay modificaciones que podrían eliminar la burocracia que se ha creado en el organismo que atiende a las víctimas, existen elementos de retroceso fundamental en el dictamen que hoy se está votando, incluyendo la adenda que se conoció apenas: 

Como ya expresamos en el voto particular en contra, en los artículos 12 y 15, condicionan el pago de peritos independientes o internacionales a que haya personal nacional capacitado.  No hemos aprendido, y varios de los que hoy van a votar a favor de este dictamen, se suben a tribuna a saludar y elogiar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que hizo un estudio de las condiciones desastrosas en que se encuentra la actividad pericial en nuestro país, y tenemos las inhumaciones irregulares en las fosas de Tetelcingo y la entrega equivocada de cadáveres como sucedió en la explosión de Pemex de 2013 y ahora le vamos a quitar a las víctimas, que necesitan peritos de calidad y no tienen cómo pagarlos, el derecho a que sean cubiertos esos gastos por los recursos que maneja la Comisión Ejecutiva.

No se reconoce con plenitud el fenómeno del desplazamiento interno forzado como una tragedia que debe ser atendida a profundidad, y no conforme con eso en el nuevo artículo 79 último párrafo le agregan que los desplazados serán registrados "cuando así proceda"

En el segundo párrafo del artículo 132, eliminan la obligación de designar recursos fijos en el Presupuesto de Egresos de la Federación al fondo de atención a víctimas, y nuevamente condicionan a que haya menos del 0.014% de recursos para que, suponemos que será a través de transferencias autorizadas por la Secretaría de Hacienda, se le otorguen recursos para atender a las víctimas. Pésimo mensaje de que las víctimas no son importantes, al grado que se le puede quitar su presupuesto a su atención. 

Sobre todo, se violenta la relativa independencia de la comisión ejecutiva al instaurar una Junta de Gobierno presidida por la secretaría de Gobernación y aunque ya modificaron el artículo 85 para que la designación se mantenga por el senado a partir de una terna enviada por el ejecutivo federal, al mantener la junta de gobierno se mantiene la interferencia e intromisión de la secretaria de gobernación en la estructura orgánica, porque será la secretaría de gobernación, la que presidirá la Junta.

En los argumentos que se manifestaron cuando se introdujo la designación presidencial del Comisionado Ejecutivo y la Junta de Gobierno, se planteó que así lo establecía el esquema de organismo descentralizado en la ley de paraestatrales, por lo que iba en paquete; ahora saludamos que se elimine la designación presidencial, pero nos preguntamos, por qué se insiste en mantener la junta de gobierno. 

Vamos a formular una interpretación a partir de los transitorios:

Quinto transitorio, por única vez, será el presidente de la república el que designe al comisionado presidente por tres años (designación transexenal), le agregan un décimo quinto transitorio para que, por única vez, el comisionado presidente que sea designado por el presidente de la República, designe a las personas que conformaran la Asamblea Consultiva conformada por expertos, víctimas y organizaciones de sociedad civil, pero sigue habiendo una Junta de Gobierno presidida por Segob, por el la subsecretaría de Derechos Humanos, por lo que el esquema de la reforma es:

Por los próximos dos años, el presidente de la CEAV será el que decida el gobierno federal, la Asamblea Consultiva será la que defina el presidente de la CEAV designado por el gobierno federal y la Junta de Gobierno será presidida por la Secretaría de Gobernación.

El Décimo Quinto Transitorio, es un incentivo perverso para que las entidades federativas, pues deja a las Secretarías de Gobierno la función de atención a víctimas, mientras se crean las Comisiones locales.  Con esto ya no habrá necesidad de crearlas.

Por eso decimos que esta es una reforma coyuntural para consolidar el control de la Secretaría de Gobernación de la estructura de atención a víctimas que construimos originalmente como una instancia independiente para proteger los derechos de las víctimas, pues si en verdad inspirara esta reforma la mejora de la ley y de los procedimientos, bastaría que la secretaría de gobernación modificara el Reglamento de la Ley General de Víctimas y le regresara a la Comisión Ejecutiva las funciones y facultades que la Ley le otorga, y nosotros, Senado, cumpliríamos con el nombramiento de los cuatro comisionados faltantes y ahora sí cumpliríamos con los perfiles que la propia ley les otorga.

Pero no será así, porque el objetivo real es que la Secretaría de Gobernación tenga el pleno control de la Comisión Ejecutiva, y eso es lo que vamos a convalidar con esta reforma a la Ley General de Víctimas que, por cierto, no lleva el aval de los colectivos de víctimas, ni de los expertos en el tema, ni de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas.  

Por todo ello, voy a votar en contra y, además, porque estoy convencida de que la gravísima situación humanitaria que se vive en nuestro país, con miles de víctimas merece, como lo han dicho los colectivos de víctimas, las organizaciones de derechos humanos y los expertos que están rechazando esta reforma, una legislación con los mayores niveles de independencia y con las víctimas como eje central de la reforma, y no es el caso.  

Me hago eco y suscribo el comunicado llamado, reforma a la Ley de Víctimas: acuerdo político que desampara a las víctimas, firmado por 61 organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas y expertos, que pido se integre a mi posicionamiento. 

Por una reforma a la ley de víctimas con, por y para las víctimas, votaré en contra de esta reforma.