Compartir
Twittear
MensajearMorelia, Mich; 06 de diciembre de 2017.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar asegura que los diputados locales saben que no es deuda lo que pide el Ayuntamiento para concretar los proyectos de: Ciudad Administrativa y la del Alumbrado Público.
En entrevista, el munícipe señaló que los diputados tienen la información completa de los proyectos porque el Ayuntamiento ha sido claro e insistente para explicarles de que no se trata de una deuda, sino la autorización de contratar una APP.
En ese sentido, el edil moreliano, Alfonso Martínez Alcázar, aclaró que la Asociación Pública y Privada (APP) sirve para acordar entre el sector público y privado, con la finalidad de que el privado se encargue de proporcionar servicios o labores que son responsabilidad del sector público.
En el caso de Ciudad Administrativa el Congreso del Estado la autorizó hace más de un año, pero el proceso “tuvo errores”, de ahí que la Secretaría de Hacienda pide al legislativo local que haga la actualización de la ley, porque el registro se hizo con una normatividad que “no está vigente”.
“Lo hemos mandado de regreso para que se pueda rectificar, por supuesto fue un error involuntario”, aclaró el munícipe.
Asimismo recordó que el Ayuntamiento de Morelia tiene 33 oficinas regadas por toda la ciudad, por lo que el municipio eroga recursos económicos para la renta de los inmuebles, de ahí que la intención de la administración independiente es concentrar todos los servicios en un solo edificio administrativo.
Por lo que respecta a las luminarias, el presidente de Morelia reiteró que el municipio paga 14 millones de pesos; sin embargo, actualmente la ciudad está “apagada”, es decir que con la misma cantidad el Ayuntamiento independiente “prenderá” todo el municipio.
“Yo pido a los partidos políticos que no politicen las cosas y que ya le dejen de hacer daño a Morelia y, que dejen de frenar las cosas”, indicó el presidente, quien desconocía en ese momento de la entrevista que el punto de acuerdo fue bajado de la orden del día, en la sesión del Congreso del Estado.
