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MensajearMorelia, Mich., a 26 de noviembre de 2015.- En relación a los hechos ocurridos en Apatzingán que derivaron en la muerte de 6 personas y sobre la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de Michoacán exigieron que Alfredo Castillo Cervantes, ex Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, además del actual Procurador de Justicia Martín Godoy Castro, comparezcan ante las autoridades competentes y esclarezcan los sucesos.
En este sentido. el coordinador de la bancada, Carlos Quintana Martínez, repudió el hecho de que los funcionarios públicos hubiesen ocultado lo que realmente sucedió el 6 de enero, por lo que aseguró ya están analizando desde el ámbito de sus facultades cuáles serán los mecanismos que promoverán para que todos los responsables de estas severas violaciones sean investigados y enjuiciados conforme a la ley.
Aunado a ello y como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Andrea Villanueva Cano, señaló que “estos hechos son muestra viva de que la política de seguridad que se implementó en Michoacán fue errónea, lo que además de indignante es alarmante puesto que de acuerdo al informe de la CNDH, fueron elementos de las fuerzas federales los responsables de estos asesinatos, hecho contrario al compromiso que tienen de velar y proteger la seguridad de los ciudadanos”.
Aseguró que de manera continua los michoacanos han visto atropellados sus derechos humanos sobre todo por parte de los policías y de las instancias encargadas de la procuración de justicia, quienes actúan con excesivo uso de poder, incumplen con una correcta aplicación de la ley, aunado a las inexistentes sanciones en contra de quienes extorsionan, agreden o acosan a la población civil.
Por su parte, el diputado oriundo de Apatzingán Eduardo García Chavira consideró imperioso que comparezca ante este Congreso el Procurador de Justicia Martín Godoy Castro y quienes hayan sido los responsables de ese operativo, puesto que al fungir como jefes de la seguridad del estado en aquellas fechas, tienen la responsabilidad de esclarecer ante el Legislativo si estaban enterados sobre la dimensión real de este operativo y si posteriormente emprendieron alguna acción para conocer con mayor amplitud la realidad de estos hechos.
Finalmente urgió que el Estado en su conjunto encuentre mecanismos para resarcir los daños tanto a familiares como a los afectados y que se establezcan acciones preventivas para que estos acontecimientos nunca más ocurran en Michoacán.
