Del 2012 al 2015 se malversaron 3 mil 759 millones de pesos del erario público, implicados dos ex gobernadores: Secoem

Del 2012 al 2015 se malversaron 3 mil 759 millones de pesos del erario público, implicados dos ex gobernadores: Secoem
Autor: Patricia Torres / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2017 a las 17:07:00

Morelia, Mich; 17 de enero de 2017.- Por haber malversado tres mil 759 millones de pesos de los recursos públicos estatales la Secretaria de Contraloría del Estado (Secoem) interpuso diez denuncias por la vía penal, en los ámbitos local y federal “estas denuncias fueron debidamente notificadas en el ámbito de competencia y van desde ex titulares de las dependencias, hasta funcionarios de primero y segundo nivel, hay la presunción de dos ex gobernadores que tienen responsabilidad en estos hechos”.

Lo anterior fue revelado por Silvia Estrada Esquivel, titular de la Secoem quien evadió una y otra vez señalar de manera directa los nombres de los gobernadores, aunque dejó entrever, por el periodo que se investigó del 2012 al 2015 que Fausto Vallejo Figueroa y Salvador Jara Guerrero, son los presuntos responsables de estos delitos que van desde peculado, fraude y hasta abuso de sus atribuciones.

Por el ámbito de competencia, las sanciones hacia los ex gobernadores correrán por cuenta de la Auditoría Superior de la Federación, la Función Pública en el caso de recursos federales y, en el caso de las revisiones naturales a las cuentas públicas, le corresponde a la Auditoría Superior de Michoacán; a la Secoem le corresponde dar parte para que ellos hagan lo conducente, detalló la funcionaria.

De acuerdo a la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se sanciona también por ser omiso “en ese sentido, queremos que como órgano de control y por instrucciones del ingeniero Silvano, tenemos que actuar en consecuencia y dar parte para que se sigan las investigaciones que sean necesarias…se presume la presencia de delitos penales de peculado, fraude y el abuso de las atribuciones de los servidores públicos.

Las sanciones a que se harán acreedores los inculpados van desde sanciones administrativas desde uno hasta 10 años, ya que los recursos de los que se hablan emanan de la entrega recepción de esta administración “sin menoscabo de dejar a salvo las atribuciones y facultades de esta Contraloría de seguir las investigaciones e indagatorias que emanen de las propias auditorías y cuentas públicas”.

El daño al erario público estatal, recordó Estrada Esquivel, son competencia de este gobierno y en caso del recurso federal compete a las instancias de la Procuraduría General de la República, Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública y sin duda “se le está dando parte, cosa que nunca había sucedido en la historia de este órgano estatal de control”.

 

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