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MensajearMorelia, Mich., a 26 de agosto de 2016.- Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales declararon improcedente la denuncia de Juicio Político presentada por el Síndico y Regidores del Ayuntamiento de Gabriel Zamora en contra de Juan Francisco Villanueva Mora, Presidente del mismo municipio, pero acordaron ordenar a la Auditoria Superior de Michoacán realice de manera inmediata una Auditoría Integral a dicha administración.
En reunión de trabajo los diputados Mario Armando Mendoza, presidente de la Comisión de Gobernación, Pascual Sigala, Ángel Cedillo y Ernesto Núñez, integrantes de la misma; así como Rosa María de la Torre, Miguel Ángel Villegas, Manuel López Meléndez, Mary Carmen Bernal y Jeovana Alcántar, presidenta e integrantes, respectivamente, de la Comisión Puntos Constitucionales, firmaron el dictamen que será presentado en la próxima sesión para su discusión y votación.
En dicho dictamen, se considera que los denunciantes Ulises Hernández, Oracio Salazar, Elizabeth Álvarez y José Vargas, Síndico y Regidores del municipio de Gabriel Zamora, no aportaron las pruebas suficientes para acreditar que la conducta del Presidente Municipal sea sometida a Juicio Político, esto de acuerdo al artículo 30 de la Ley de responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del estado.
Cabe señalar que los denunciantes argumentaron que se les ha negado todo tipo de información financiera, económica fiscal de revisión de cuentas, los estudios previos de las cuentas trimestrales y anuales, actas de cabildo verificación de los analíticos de gasto corriente, contables, analíticos de obra pública, así como de aplicación de subsidios, además de los estados financieros municipales. Por lo que al analizar los hechos y de cuerdo a la ley, no se presentaron pruebas suficientes para acreditar que la conducta sea pertinente a juicio político.
El diputado Mario Armando Mendoza destacó que dicha determinación no se trata de cuestiones políticas, sino de aplicar la ley, pero no se pretende que los actos pasen sólo de archivo; por ello, se remitirá el acuerdo para que sea la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán quien se encargue de ordenar al órgano fiscalizador realizar la Auditoría integral para analizar el desempeño de la administración municipal y no dejar cabos sueltos.
Por su parte el diputado Pascual Sigala celebró el acuerdo para que se revise esos presuntos casos, ya que el Congreso del Estado no va a defender lo indefendible, pero para ello se requieren pruebas. Resaltó que este caso servirá para que los demás ayuntamientos pongan sus barbas a remojar.
Finalmente, Rosa María de la Torre Torres expresó que la decisión es muy acertada, se está actuando de manera responsable y conforme a la ley sin prejuzgar.
