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MensajearMorelia, Mich; 17 de julio de 2017.- Este 19 de julio vence el plazo para que las 32 entidades de la República adecúen su legislación tanto constitucional como secundaria para dar vida a sus respectivos Sistemas Locales Anticorrupción.
El 6 de junio de este año, el Congreso local aprobó el primer paquete de leyes y reformas del Sistema Estatal Anticorrupción, mientras que el pasado miércoles 12 de julio, se aprobó el segundo paquete para dar vida a este Sistema.
Con la adecuación y aprobación de estas normas, Michoacán alcanza un nivel de cumplimiento del 92 por ciento dentro del Semáforo Anticorrupción elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Además, se coloca entre las 19 entidades de la República que han dado cumplimiento para la creación normativa que dé vida a su Sistema Estatal Anticorrupción.
Sin embargo, existen varios retos que alcanzar para que este Sistema cumpla su objetivo:
Es necesaria una reforma constitucional local que dé certeza y refuerce lo aprobado del Sistema Estatal Anticorrupción.
Y después, emitir la convocatoria y designar al Fiscal Especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, dar paso al procedimiento de elección de los dos magistrados especializados y nombrar a los integrantes de la Comisión de Selección que elegirá a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, entre otros temas.
Pero la tarea más importante es que dentro del próximo periodo de sesiones, las y los diputados analicen a fondo lo aprobado y lo que resta por ser reformado para detectar y corregir las fallas, vicios e inconsistencias jurídicas que existen.
Deben de ser consientes de la responsabilidad que implica armonizar y reformar las leyes para que el Sistema Anticorrupción cumpla cabalmente el objetivo para el que fue creado.
Por esa razón, los que deban sancionar y combatir la corrupción deben ser candidatos especialistas en la materia con carrera judicial acreditada y no quedar sujetos a negociaciones ni a cumplir cuotas de poder.
Debemos de tomar esta oportunidad histórica con seriedad y con responsabilidad, porque es la última oportunidad que la sociedad nos da para terminar con este problema.
Exhortamos a los diputados a que no lo tomen a la ligera.
Es su responsabilidad lograr un verdadero mecanismo contra la corrupción, más allá de las expresiones de buena voluntad o de una posible simulación.
El desafío no es menor:
De acuerdo con el estudio México: anatomía de la corrupción, presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Michoacán ocupa el tercer sitio a nivel nacional en cuanto a la percepción de la incidencia de corrupción, después del Distrito Federal y Jalisco.
Además de que entre los problemas que más preocupan a los mexicanos la corrupción es una de las tres inquietudes más importantes, superada únicamente por la inseguridad y el desempleo.
Y a decir de la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas realizada en 2016 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), las cifras del informe refieren que durante el 2016 en Michoacán se reportaron 990 víctimas de corrupción por cada 10 mil empresas.
Por eso:
UNO: Es importante que el Sistema Estatal Anticorrupción tenga todas las herramientas para que este abierto y sea un instrumento de la sociedad.
DOS: Debe lograr que el Comité de Participación Ciudadana, incida en la definición de las políticas y acciones anticorrupción y se sume de manera articulada a las estrategias.
Además de que es fundamental que tenga los recursos necesarios para operar, la base técnica para sustentar sus funciones y el respaldo de la sociedad.
TRES: Entre las leyes que todavía tienen que reformarse, están aquellas relacionadas con las actividades más expuestas a los actos de corrupción, como la Ley de Adquisiciones Públicas y la Ley de Obra Pública, así como las leyes que son críticas para la eficacia del sistema anticorrupción. Leyes que no se deben hacer a modo.
CUATRO: Se debe garantizar que las personas que encabecen las entidades que conforman el Sistema deben ser las más capaces técnica, profesional y éticamente, con base en sus méritos personales. Entre ellos los nombramientos que son más críticos como el fiscal y los magistrados anticorrupción. El reto es que dichos nombramientos se lleven a cabo de manera abierta a la sociedad y con consenso.
CINCO: El reto consiste en establecer, de aquí en adelante, nuevos estándares de actuación pública, basados en la integridad y la rendición de cuentas. En resumen: que sea la sociedad quien dirija la lucha anticorrupción.
Porque este sistema anticorrupción fortalecerá los contrapesos entre poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) desde la exigencia social.
Así que la tarea hoy está en manos de nuestros diputados, pero queremos advertir que desde el PRD estaremos observando que el Sistema Estatal Anticorrupción cumpla con su objetivo de de prevenir, fiscalizar, investigar y sancionar la corrupción, y que no termine siendo un acto mas de simulación.
