Antonio Ixtláhuac denunciará por daño moral a su persona y proyecto político

Morelia, Mich; 12 de febrero de 2018.- El año 2009 ha representado para el diputado federal, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela un ’fantasma’ que considera de “persecución política”, pese a que en ese periodo no se desempeñó como presidente municipal de Zitácuaro “hoy sigue siendo la acusación ante una autoridad que ha violentado todo debido proceso y no ha sido garante de justicia”. Sin embargo, reconoce que para ese encargo obtuvo 21 mil votos “el más alto en la historia de Zitácuaro y siendo candidato a diputado federal saqué 25 mil votos, todavía el pueblo me refrenda su cariño y aprecio”.

De lo que dice sentirse muy orgulloso es que como edil “no dejó ninguna deuda en el municipio, Zitácuaro no tuvo ninguna deuda y no le quedó a deber ni a sus trabajadores el fin de año, no se dejó como pasivo para la siguiente administración, no le quedamos a deber a medios de comunicación, ni gasolina, ni papelería, no dejamos obras públicas tiradas, dejamos al gobierno municipal muy sano financieramente, salvo la deuda que dejó Silvano Aureoles, estructural y que traspasaba varios gobiernos que la adquirieron desde el año 2001…pero nosotros no dejamos ninguna deuda con nadie”.

Dentro de las obras realizadas en su gestión como alcalde zitacuarense, Ixtláhuac Orihuela enlista el Centro de Convenciones, la Universidad Intercultural, se recuperaron varios espacios deportivos “todo lo que realizamos lo hicimos con recursos municipales y Zitácuaro tuvo reconocimiento del gobierno del estado que más le invirtió a la educación, hicimos un enorme esfuerzo para acercar la atención del gobierno con la ciudadanía, que fue un compromiso que hice con el pueblo, no solamente establecimos audiencias públicas, sino crear una ruta ciudadana y llevar al gobierno a las colonias, comunidades y atender desde allí sus peticiones para trasladarlas como políticas públicas, creamos toda una red de atención ciudadana”.

Hoy, gracias a esa labor, puede ir a su tierra donde goza de las simpatías de su gente, por lo que considera que las recientes publicaciones en su contra son grilla “definitivamente si, lo que ha pasado en el 2009 y a casi nueve años de distancia, lo que han venido planteando son cosas improcedentes jurídicamente; es una gran injusticia política, lo más delicado no es el ataque a Toño Ixtláhuac como político, sino la podredumbre de nuestras instituciones, que no pueden ser facciosas, ni oficiosas, ni golpeadoras, ni estar vinculadas al régimen o a un partido político, las instituciones tienen que ser a toda luz garantes de la ley, deben ser el espacio de privilegio para poder dirimir las controversias y no sean éstas el garrote de un partido político o de un gobierno”.

Recuerda que en pleno proceso electoral de mayo del 2009 le atacaron y ahora que se registra como aspirante a candidato al senado “vuelven a afectarme y parece que Antonio Ixtláhuac les pesa tanto que es ¿cómo quitarlo del camino?, ¿cómo orillarlo?, ¿cómo perjudicarlo?, ¿cómo dañarlo?, ¿cómo afectarlo moralmente?, pero yo me siento tranquilo porque las leyes me asisten, no tenemos ningún problema, primero porque la autoridad nunca fundamentó ni ha motivado sus actos, hay jurisprudencia para ello.

Abogado de profesión, argumenta que en su caso en particular el artículo 40 de la Ley de Fiscalización del estado es sumamente clara “señala cuatro años de prescripción; si la autoridad no resuelve no ejecuta audiencias, no atiende tu asunto, ¿cómo te defiendes?, la autoridad es la que lleva el proceso, la que va citando y va diciendo: oye aquí tengo  una observación, un detalle contigo, pero si la autoridad desatiende ese caso y se pasa del plazo que establece el propósito, la autoridad para el caso del 2009 cita audiencia hasta el 2014, pues entra el tema en una etapa de prescripción”.

Revela que ante esta acusación actuará legalmente “es un golpe político, es un golpe que ha estado bien orquestado…lo han llevado a los medios de comunicación, meter ruido, querer tirar la candidatura, presentarme como inhabilitado, como una persona que tiene pendientes en las finanzas públicas; voy a actuar y presentaré una demanda por daño moral por lo que han ocasionado a mi persona y a mi proyecto político”.