Activismo Religioso

Activismo Religioso
Autor: Columba Arias Solís / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2016 a las 22:51:00

Morelia, Mich, 26 de septiembre de 2016.- El artículo 130 de la Constitución Política de nuestro país, señala en el inciso E que los ministros religiosos no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. No obstante, dicha disposición en varias ocasiones ha sido desacatada por la jerarquía religiosa, de tal forma que en diversos procesos electorales en diferentes partes del país, la iglesia se ha pronunciado por ciertos partidos, generalmente el PRI o el PAN. En términos generales, las relaciones entre la jerarquía católica y el gobierno federal se han venido manteniendo entre la cordialidad y el apoyo; no es raro encontrar en los medios de comunicación las notas que advierten de encuentros entre representantes del gobierno y de la iglesia.

Sin embargo, a partir del mes de mayo pasado en que el presidente de la República presentara una iniciativa de reforma constitucional para el reconocimiento de los matrimonios igualitarios y la adopción por parejas del mismo sexo, se rompió la cordialidad y las relaciones entre ambos poderes fueron de más a menos, hasta el quiebre que ha dado como resultado un activismo religioso opositor al gobierno que se manifestó previo a los comicios que el 5 de junio se realizaron en 13 entidades del país, al llamar a votar en contra del PRI.

Diversos pronunciamientos ha hecho la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en relación con su oposición a causa de la iniciativa presidencial, manifestando que “si alguna legislación afecta a nuestros fieles, a sus familias, a sus niños, al futuro del país, los obispos y sacerdotes no pueden quedarse mudos”, según declaró el vocero de la Arquidiócesis Primada de México. Por supuesto, es su derecho expresar sus razones, defender sus causas.

Es una lástima que esa preocupación de la CEM no se haya expresado de igual forma ante graves problemas que han padecido y afectan a miles de familias y niños que viven en situaciones de pobreza extrema; contra la pederastia ejercida por algunos de los suyos; contra la explotación infantil y la violencia contra las

mujeres. Es una lástima que la jerarquía religiosa no haya iniciado el activismo político con que ahora se manifiesta a lo largo y ancho del país, en defensa del pueblo mexicano que en la última década ha vivido en la inseguridad y bajo el flagelo de la delincuencia, organizada y no; es una lástima que jamás hayan levantado su dedo flamígero para denunciar a quienes han hecho sus fortunas lavando la sangre de capitales al amparo de la delincuencia o del poder público.

Ciertamente ha habido en lo particular sacerdotes católicos preocupados e involucrados en la búsqueda de soluciones en ciertos sectores de la población, que desempeñan una suerte de apostolado acompañando en la solidaridad y defensa de los más pobres, de los oprimidos, de los migrantes. Empero, son contados los casos de personajes religiosos comprometidos con el semejante, en un país cuya problemática ofrece un campo enorme para demostrar preocupación, quehacer y solidaridad en favor de sus habitantes.

La alta jerarquía de la iglesia en México, salvo dos o tres obispos, se ha decantado por la observancia de una posición conservadora en relación con los diversos problemas de la sociedad. Ya desde aquella reunión del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), realizada en 1968 en Medellín, Colombia, donde se acordó realizar trabajos comunitarios pastorales para erradicar la presencia de las guerrillas, la representación de la iglesia mexicana rechazó la propuesta para el país, considerando no eran necesarios en México. Las Comunidades Eclesiales de Base donde convergían grupos de sacerdotes que trabajaban directamente con los habitantes de lugares marginados, fueron desmanteladas en los años noventa.

Sin embargo, en materia política, la jerarquía de la iglesia mexicana comenzó su activismo más acendrado desde la época de la administración de Miguel de la Madrid en algunas entidades de la República, como lo fue en la etapa previa y posterior al proceso electoral en el estado de Chihuahua en el año de 1986; la opinión política del clero de aquella entidad se tradujo en el documento titulado “Juicio moral sobre el proceso electoral del 6 de julio en el Estado de Chihuahua”.*

A su llegada a la presidencia, Carlos Salinas de Gortari anuncia la “modernización” de las relaciones con la iglesia católica y la puso en práctica al adoptar la agenda legislativa propuesta por la jerarquía eclesial: las reformas a los artículos 3,5, 24 y 130 constitucionales; el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la iglesia, y el derecho al voto, entre otros.

Actualmente, las relaciones entre la alta jerarquía católica y el gobierno mexicano mantenidas en la cordialidad durante las dos últimas décadas, parecen encontrare en un punto muy bajo, habida cuenta la oposición religiosa contra las iniciativas presidenciales, lo que ha trascendido en un frenético activismo religioso que ha llevado a los jerarcas a la organización de protestas y llamamientos en tiempos electorales y más allá, contra el partido del presidente y claro, contra la iniciativa del matrimonio paritario propuesta por el Ejecutivo.

*Cárdenas Caracheo Graciela, Relación entre el estado y los grupos de presión, en México, Crisis y oportunidades. Tecnológico de Monterrey, Campus Cd. De México.

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