Gobierno de Veracruz habría otorgado 645 millones de pesos a empresas “fantasma”

Xalapa, Ver., a 24 de mayo de 2016.- Funcionarios de la administración de Javier Duarte habrían pagado 645 millones de pesos a 21 empresas para la compra de diversos artículos en beneficio de la población vulnerable de Veracruz, como pañales, juguetes didácticos y cemento, entre otras cosas. Sin embargo, las empresas desaparecieron después de ser constituidas con irregularidades y se desconoce a dónde fue a parar lo adquirido.

De acuerdo con la investigación de Animal Político, a través de licitación directa se realizaron 73 contratos con 21 empresas, todas ellas constituidas durante la administración del actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Estas “empresas fantasma” se crearon con firmas de ciudadanos que desconocieron para qué se iban a utilizar cuando se las pidieron los promotores del voto; utilizaron domicilios fiscales falsos; los funcionarios cercanos al gobernador les otorgaron contratos millonarios sin licitación o por adjudicación directa y, después de que obtuvieron el dinero, cerraron.

De esta forma 21 empresas obtuvieron 73 contratos para la adquisición y distribución de bienes por una cantidad de 645 millones 693 mil pesos entre 2012 y 2013.

Las secretarías locales de Educación, Protección Civil, Desarrollo Social y el DIF estatal fueron quienes firmaron los contratos.

Un recorrido para verificar los domicilios fiscales de las 21 empresas demostró que éstas eran casas particulares, vecindades, lotes baldíos, panaderías o herrerías, en las cuales los dueños o inquilinos aseguran que nunca ha existido una empresa y menos aún que reciban contratos millonarios.

Destaca que los socios de 13 de las 21 empresas están relacionados entre sí y que 12 empresas fueron registradas ante la Secretaría de Economía con las mismas dos direcciones de correo electrónico y 11 están ubicadas en un mismo barrio habitacional popular. 

Cuestionadas sobe el destino de lo adquirido, las dependencias fueron esquivas, argumentando no poder revelar datos de los beneficiarios o diciendo no tener el padrón de beneficiarios.