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MensajearMéxico, D.F., a 29 de junio de 2015.- La Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a los 31 estados de la República y al Distrito Federal a cumplir con la reforma constitucional que obliga a las entidades a otorgar de manera gratuita la primera acta de nacimiento a menores de edad.
El presidente de la comisión, Arturo Zamora Jiménez expuso que esta obligación de las entidades es resultado de la reforma al Artículo 4 constitucional avalada en abril del 2014 y que tiene que ver con el derecho a la identidad de los niños mexicanos, independientemente de su estatus social y económico.
Dijo que mediante la gratuidad de la primera copia certificada del registro de nacimiento se busca revertir la problemática de que al menos 100 mil niños carecen de acta de nacimiento, lo cual los expone a delitos como el robo de menores, redes de tráfico de personas y los mantiene al margen de programas sociales, de salud y educación.
Entre los aspectos relevantes de la reforma aprobada destaca que se busca garantizar el derecho de los niños y las niñas a la identidad al ser registrados de forma inmediata al momento de su nacimiento, con la correspondiente expedición gratuita de la primera copia certificada del acta.
Por otra parte, la Primera Comisión respaldó un dictamen para que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que fortalezca la implementación de programas y políticas públicas que tengan como fin prevenir la participación de menores en actividades de la delincuencia organizada.
Senadores y diputados informaron que actualmente cerca de 30 mil menores de edad están integrados a grupos de la delincuencia organizada y participan abiertamente en sus actividades.
En el dictamen se precisa que la mayoría son jóvenes de entre 13, 14 y 15 años de edad, que trabajan como vigilantes de casas de seguridad, sicarios, empaquetando droga, o bien, colaboran en el secuestro de personas.
Asimismo, se destaca que diversas organizaciones civiles han informado que entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de octubre de 2013, mil 873 adolescentes fueron asesinados, especialmente en estados como Guerrero y Chihuahua.
Ante esos datos, los integrantes de la comisión consideraron que la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob debe intensificar y fortalecer sus programas y políticas públicas para evitar la participación de los menores en la delincuencia organizada.
En esta misma reunión los legisladores aprobaron un exhorto a los tres niveles de gobierno, a efecto de que tomen todas las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos.
También solicitaron brindar protección a sus familiares, representantes y a defensores de derechos humanos, además de garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral del daño.
Además, exhortaron a las instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a continuar con la capacitación de los servidores públicos en materia de sensibilización, prevención y erradicación de tortura u otros tratos crueles e inhumanos.
De igual manera avalaron un dictamen para pedir a la Fiscalía General de Tabasco que fortalezca la investigación del homicidio del periodista Ismael Díaz López y agote todas las líneas de investigación, a fin de esclarecer los hechos y sancionar a quienes resulten responsables.
